El Gobierno nacional reveló este miércoles que apeló la decisión judicial que favoreció al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exlíder cívico potosino Marco Pumari, en el marco del caso Golpe de Estado I.

La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, calificó las resoluciones como “preocupantes” y reafirmó que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda del Estado.

“Se han presentado las apelaciones pertinentes, considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar su resolución (…). La justicia para las víctimas es una deuda pendiente del Estado”, declaró Saravia.

Aclaró que, si bien el Órgano Judicial tiene la competencia privativa para dictar medidas cautelares, es responsabilidad de todos los órganos del Estado garantizar justicia en casos relacionados con derechos humanos.

El martes por la noche, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz ordenó la libertad pura y simple de Marco Pumari y dictó detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho, ambos acusados por el delito de terrorismo relacionado a los hechos de violencia ocurridos en noviembre de 2019 y que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales, acusado de fraude electoral.

A esa decisión se suma el fallo del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto, que el lunes anuló los obrados en el proceso contra la expresidenta Jeanine Áñez y ordenó remitir el caso a la Fiscalía General del Estado, abriendo la posibilidad de un juicio de responsabilidades.

“Esperamos que se haya actuado de manera absolutamente objetiva al desvirtuar los riesgos procesales. Pero también debemos tener claro que hay una deuda pendiente con las víctimas, que no puede resolverse con decisiones que generan impunidad”, advirtió Saravia.

La ministra recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó graves violaciones de derechos humanos durante la crisis de 2019, incluyendo más de 600 víctimas, entre ellas alrededor de 40 muertos, 470 personas con lesiones y más de 70 procesadas sin el debido proceso legal.

También recalcó que la resolución sobre Áñez no implica el cierre del proceso.

“No se ha concluido el juicio, se ha dispuesto el cambio de jurisdicción del proceso ordinario a uno de responsabilidades, que deberá ser tratado por la Asamblea Legislativa”, precisó.

Finalmente, la Ministra de Jusiticia insistió que los hechos de violencia de 2019 no deben quedar impunes.