El presidente Luis Arce defendió los contratos de litio firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas china CBC y rusa Uranium One Group y advirtió que está en riesgo su aprobación y ejecución por el cambio de mando de Gobierno, en noviembre de este año.

Arce indicó que “estábamos a punto” de viabilizar los contratos para industrializar el litio con cerca de $us 2.000 millones, pero “deliberadamente el evismo y la derecha se aliaron para no aprobar los contratos de litio”.

“Evidentemente, esos contratos, sin duda, y otros están en riesgo por la aparición de un nuevo Gobierno, que no necesariamente va a comulgar y a estar de acuerdo en la forma en que encaramos nosotros”, advirtió en una entrevista con Sputnik.

De hecho, Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, que disputarán la segunda vuelta el 19 de octubre, anticiparon antes de las elecciones del domingo, que ambos contratos no serán viabilizados.

“Ese contrato no va a llegar a ninguna parte”, dijo Paz Pereira el 13 de agosto sobre el contrato con Uranium One, aprobado en la Comisión de Economía Plural de Diputados.

Mientras que Quiroga anunció que si se aprueban los contratos en la Asamblea serán anulados. “Es en vano lo que están haciendo (en la Asamblea)”, dijo y anticipó que, de ser Gobierno, primero se debe aprobar una ley de evaporíticos.

No obstante, Arce defendió los contratos y afirmó que tienen varias facilidades porque “no solamente era la producción de la materia prima”, sino que avanzaba al proceso de la industrialización de litio boliviano.

“Hasta la producción de baterías, inclusive. Los contratos hablaban de que Bolivia participaba, inclusive, en la comercialización, en la ganancia de la comercialización”, aseguró.

En virtud al contrato, según l Gobierno, la empresa china Hong Kong CBC se comprometió a construir dos plantas de producción de carbonato de litio con tecnología Extracción Directa de Litio de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad, con una inversión de $us 1.030 millones.

Mientras que la rusa Uranium One Group ofertó construir una planta para producir 14.000 toneladas (t) de carbonato de litio al año, en el salar de Uyuni, Potosí, utilizando la tecnología EDL, con una inversión superior a los $us 970 millones.

“Bolivia participaba en toda la cadena productiva. No sé qué tipo de contratos tendrán ellos en la mente, con qué países querrán negociar, pero lo cierto es que nosotros teníamos claro que teníamos que industrializar nuestro litio en nuestro país. Esos contratos de industrialización y de comercialización de baterías de litio para favorecer a Bolivia, hoy evidentemente están en riesgo”, insistió el mandatario.

Entretanto, la mañana de este miércoles, una jueza agroambiental de La Paz ordenó este miércoles que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) paralice el tratamiento de los contratos de litio hasta que no se realice un estudio de impacto ambiental. La medida cautelar fue otorgada a petición de la Defensoría del Pueblo.

A través de su cuenta en la red social ‘X’, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que también se determinó que se cumpla con realizar una consulta previa a las comunidades involucradas.

“Como Defensoría del Pueblo, solicitamos medidas cautelares para proteger los derechos humanos ambientales en torno a los proyectos de litio en el Salar de Uyuni. La jueza agroambiental de La Paz determinó que la ALP suspenda momentáneamente el tratamiento legislativo de los contratos hasta que se cumpla con un estudio de impacto ambiental estratégico (recursos hídricos) y la consulta previa, libre e informada a las comunidades involucradas”, informó el Defensor del Pueblo.