Fiscalía apela detención domiciliaria del exministro Lisperguer, declararán nuevos testigos
Durante la audiencia de medidas cautelares, realizada el pasado sábado en La Paz, la Fiscalía solicitó la detención preventiva del exministro por seis meses en el penal de San Pedro. Sin embargo, el juez del caso impuso una medida menos restrictiva, que además permite salidas laborales.

El Ministerio Público apeló la decisión judicial que benefició al exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, con detención domiciliaria, mientras avanza la investigación en su contra por presuntos hechos de corrupción. El fiscal del caso, Miguel Cardozo, informó que la apelación fue presentada en conjunto con el Viceministerio de Transparencia, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
“El juez cautelar ha determinado la detención domiciliaria, el arraigo, la fianza personal de dos garantes y la prohibición de acercarse al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y a otros testigos que han sido identificados durante la investigación. El Ministerio Público, junto a otras carteras de Estado, ha apelado esta decisión”, señaló Cardozo en conferencia de prensa.
Durante la audiencia de medidas cautelares, realizada el pasado sábado en La Paz, la Fiscalía solicitó la detención preventiva del exministro por seis meses en el penal de San Pedro. Sin embargo, el juez del caso impuso una medida menos restrictiva, que además permite salidas laborales.
Lisperguer fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración de bienes y rentas, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales. El fiscal Cardozo explicó que, pese a que el juez reconoció riesgos procesales de fuga y obstaculización, optó por la detención domiciliaria.
“Se ha ampliado la imputación formal por dos delitos de incumplimiento de deberes. En base a la investigación hay nuevos elementos y nuevos testigos que tienen que prestar su declaración informativa”, afirmó.
El exministro fue aprehendido el pasado jueves en la ciudad de Cochabamba y trasladado a La Paz, donde se encuentra radicada la causa. Durante su declaración, la exautoridad optó por guardar silencio.
Según la Fiscalía, la investigación se sustenta en documentación que revelaría un presunto daño económico al Estado durante su gestión. El proceso penal continúa en etapa preparatoria, mientras se aguarda la resolución de la apelación presentada.