La audiencia oral del gobernador encarcelado de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el llamado ‘caso Decretazo’ fue suspendida por decimosexta ocasión. La nueva fecha fijada por el Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz para su realización es el 22 de agosto.

La información fue confirmada por el abogado del Gobernador, Martín Camacho, en contacto con la prensa.

Un juzgado dictaminó que Camacho debe ser trasladado desde el penal de Chonchocoro de La Paz hasta la capital cruceña para participar de su audiencia de forma presencial.

Sin embargo, desde Régimen Penitenciario y el Gobierno han descartado cumplir con la decisión judicial por motivos de seguridad.

De hecho, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, justificó la decisión de no trasladar al acusado señalando que existen riesgos para la seguridad del privado de libertad y del personal policial, por antecedentes de incidentes en anteriores movilizaciones vinculadas al excívico.

La posición de Limpias fue rechazada por el abogado de Camacho, quien afirmó que el no trasladar al Gobernador cruceño a Santa Cruz es muestra de la “desesperación” del Gobierno.

“No deberíamos dudar de que se pueda trasladar al gobernador. Desde la primera audiencia el gobernador debió estar presente en todo caso, pero aquí vemos la tozudez, vemos el capricho; pero, además, vemos la desesperación de un gobierno que no quiere cumplir la ley, de un gobierno que ha basado su gestión en la ilegalidad”, cuestionó el abogado Martín Camacho.

Asimismo, el jurista reiteró que la defensa legal iniciará los procesos administrativos contra el gobernador de Chonchocoro por no haber obedecido la disposición de la autoridad jurisdiccional, rechazó los argumentos esgrimidos y puntualizó que las condiciones de seguridad están dadas y que no debería existir impedimento alguno para el traslado de Camacho.

El caso, conocido como “Decretazo”, se remonta a marzo de 2022, cuando Camacho firmó el Decreto Departamental 373, mediante el cual delegó sus funciones de gobernador al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, omitiendo al vicegobernador Mario Aguilera.

Esta decisión motivó una investigación por la presunta comisión del delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.