La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró este jueves que el Gobierno usará todas las atribuciones que le permite la Constitución Política del Estado para garantizar la estabilidad del país ante los bloqueos y aumento de violencia de los seguidores de Evo Morales, que buscan forzar que su líder sea habilitado como candidato a la presidencia.

En rueda de prensa, Alcón fue consultada respecto a si el Gobierno contempla la posibilidad del estado de sitio o el estado de excepción y, sin confirmar ni negar la posibilidad, enfatizó que el Gobierno trabajará para garantizar la estabilidad y el desarrollo de las elecciones del 17 de agosto.

Afirmó que el Ministerio de Gobierno da reportes constantes de la situación y recordó que ya se realizaron distintos operativos para desbloquear las carreteras.

“El ministro de Gobierno (Roberto Ríos) está llevando adelante el reporte, hemos levantado muchos puntos de bloqueo (…) Existe un operativo que tiene que ver con las carreteras y evidentemente ya lo hemos mencionado, el ministro de Defensa (Edmundo Novillo) también lo ha dicho, se va a cumplir con relación a las atribuciones que nos da la Constitución para garantizar la estabilidad de los bolivianos”, aseveró Alcón.

En ese sentido, señaló que la evaluación de la situación y otras medidas a tomar corresponde, principalmente, a los ministerios de Gobierno y Defensa y adelantó que el Gobierno va “paso a paso” para contrarrestar los bloqueos evistas.

“Estamos yendo paso a paso como corresponde. Recuerden que 40 días nos han asfixiado y no hemos tenido pérdidas humanas. Hay que garantizar la vida de los bolivianos aunque a otras personas no les interese. Hay acciones, operativos que van a ir realizando y bueno, lo que importa es garantizar la estabilidad, la paz”, complementó.

Alcón, en ese sentido, reprochó la violencia de los evistas y lamentó que incluso agredan a personal de salud e impidan el paso de ambulancias.

Afirmó que Evo Morales y sus seguidores tienen cuatro objetivos con sus movilizaciones: generar enfrentamientos entre los bolivianos, forzar la renuncia del presidente Luis Arce, impedir que se realicen las elecciones y obligar que el dirigente cocalero sea candidato, a pesar de que éste no tiene un partido con personería jurídica y está inhabilitado por sentencias constitucionales que limitan la reelección continua y discontinua en el país.