El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este martes que el excanciller Diego Pary expresó su conformidad con los ajustes normativos realizados y renunció a recibir cualquier remuneración o compensación económica por su inhabilitación como candidato a Senador en las Elecciones Generales del 2020.

En octubre del 2024, se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló a favor de Pary y ordenó al TSE indemnizarlo por daños, perjuicios, costos, gastos judiciales, así como el lucro cesante y daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas.

En ese sentido, en marzo pasado el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, informó que el TCP dispuso que el TSE debía pagar 1,3 millones de bolivianos a Pary por este caso.

“Hace poco se pronunció el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) y señala que tenemos que pagarle daños y perjuicios. Estaría rondando 1.300.000 bolivianos que hay que pagarle a Diego Pary porque se le habría vulnerado su derecho de no participar en la elección presidencial 2020 en su calidad de senador”, indicó el vocal electoral en esa oportunidad.

Empero, a través de un comunicado, el TSE informó que Pary “expresó su conformidad con los avances normativos en favor de la democracia intercultural en el país y comunicó su renuncia voluntaria a cualquier remuneración y/o reparación económica relacionada con dicha Sentencia Constitucional”.

En febrero de 2020, el TSE – que estaba a cargo de otra directiva- inhabilitó la candidatura de Pary a primer senador por el departamento de Potosí al considerar que no cumplía el requisito de dos años de residencia en el lugar al cual postulaba. Lo mismo pasó con el expresidente Evo Morales, que iba como candidato a primer senador por Cochabamba.

En ese sentido, el TSE afirmó que “aclaró y complementó el requisito de residencia permanente, incorporando la precisión de que los diplomáticos bolivianos se encuentran en misión especial en representación del Estado, por tanto, para fines electorales se considera como residencia en el país donde radica”.

Además, el TSE agregó que “las resoluciones y certificaciones emitidas por autoridades indígena originarias campesinas tendrán el valor legal  correspondiente para propósitos electorales, considerándose como documento de certificación y/o prueba en las diferentes etapas del proceso electoral”.