Wilfredo Chávez, uno de los abogados de Evo Morales, salió en defensa del dirigente cocalero por el caso de trata que se sigue en su contra y aseguró se “criminaliza” una situación en la que, dijo, la “víctima no se siente víctima”.

Morales fue imputado por el delito de trata y tráfico de personas con agravante por haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.

Chávez, al respecto, aseveró que “están criminalizando una situación donde si la víctima no se siente víctima no va  denunciar y no existe por tanto acción ni persecución penal”.

El exprocurador General del Estado, además, hizo una singular analogía para seguir con su defensa a Morales y, prácticamente, buscó normalizar el matrimonio con menores de edad.

En sus palabras, hay “miles” de casos de matrimonios con menores de edad y aseguró que no en todos ellos se puede acusar a los involucrados como “delincuentes”.

“Los miles de caso de matrimonios con menores de edad, ¿todos podrían ser considerados delincuentes? No puede ser (…)”, señaló.

Morales es investigado por trata de personas con agravante, por haber mantenido una relación con una adolescente en Yacuiba (Tarija) en 2015, cuando ejercía la Presidencia de Bolivia, con quien tuvo una hija, según investigaciones fiscales.

El 17 de enero de 2025, el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres Quinto de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, declaró a Morales en rebeldía, ordenó su búsqueda y aprehensión, congelar sus cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes.

El miércoles, el abogado de Morales, Jorge Pérez, señaló que la Justicia cruceña aceptó un auto constitucional que anuló obrados en contra del exmandatario. La juez que había asumido esa decisión era Lilian Moreno, la misma que en octubre de 2024 dejó sin efecto una orden de aprehensión que la fiscalía de Tarija emitió por el mismo caso.

No obstante, ayer, el juez del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Franz Zabaleta, dejó sin efecto el fallo de la juez Moreno, por lo que la orden de aprehensión e imputación contra Morales se mantiene vigente, según el Gobierno.

La decisión de Zabaleta, emitida este viernes 2 de mayo, se enmarca en una acción de libertad, iniciada por el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (Sepdavi), que se remonta al año pasado.