TSJ oficializa instructivo para que jueces y vocales no emitan resoluciones que atenten contra la democracia y las elecciones
La Sala Plena del TSJ alerta que “Bolivia atraviesa una situación de profunda crisis institucionalidad donde la historia convoca a tomar decisiones concretas para no entrar en un desorden constitucional” y exhorta a todas las autoridades jurisdiccionales del país a “demostrar su compromiso firme con la democracia en Bolivia”.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) oficializó que emitió el instructivo “007/2025” “Compromiso por la democracia en Bolivia” con el fin de evitar que jueces y vocales emitan resoluciones que atenten contra el normal desarrollo de las elecciones generales convocadas para el próximo 17 de agosto.
A través de un video compartido en las redes sociales, la Sala Plena del TSJ da a conocer el instructivo, que fue leído por el presidente de esa instancia, Romer Saucedo.
Así, el TSJ alerta que “Bolivia atraviesa una situación de profunda crisis institucionalidad donde la historia convoca a tomar decisiones concretas para no entrar en un desorden constitucional”.
En ese sentido, señala que los cuatro poderes del Estado tienen el deber de sostener la democracia pero siempre en respeto a la independencia de cada Órgano del Estado.
Por ello, el TSJ , en primer lugar, exhortó a todas las autoridades jurisdiccionales del país a “demostrar su compromiso firme con la democracia en Bolivia” considerando “en la resolución de acciones constitucionales que pretenden parar el proceso electoral que el Estado boliviano ya ha realizado una erogación significativa de recursos públicos y que el Órgano Electoral se encuentra desarrollando el calendario electoral”.
Además, el Tribunal Supremo de Justicia instruye a jueces y vocales considerar los “aspectos teóricos, doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto a la ponderación de derechos, siendo que los derechos individuales y personales no pueden conculcar derechos colectivos y desencadenar en un posible caos civil, exponiendo a la sociedad a debilitar el sistema democrático recuperado a costa de sangre”.
“El incumplimiento a estos criterios fundamentales podrá dar lugar a la adopción de acciones legales contra autoridades que con sus resoluciones intenten desestabilizar el orden consticional establecido, además de la responsabilidad ética y reproche social que deberá afrontar de manera individual”, añade el instructivo del TSJ.
El Presidente del TSJ, finalmente, recordó que el Órgano Judicial “se debe la pueblo” y afirma que “como hombres de justicia no debemos ser cómplices de intereses mezquinos que ponen en riesgo la democracia”.
Hasta el momento se anunció la presentación de al menos seis recursos en el TCP sobre las elecciones generales de agosto; no obstante, hasta ahora, sólo tres de ellos se materializaron.
El 7 de abril, el diputado disidente de Comunidad Ciudadana Miguel Roca acudió al TCP en busca de que las organizaciones indígenas puedan participar en elecciones generales y no solo subnacionales, como lo limita la Ley 1096, mientras que el diputado del MAS Israel Huaytari presentó el 15 de abril una acción de inconstitucionalidad abstracta para que se garanticen binomios presidenciales paritarios.
Pero, además, el TSE presentó una acción de constitucionalidad concreta también sobre la participación de los pueblos indígenas en los comicios nacionales.
Sobre estas acciones, que apuntan a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, el ministro de Justicia, César Siles, indicó que de llegar a un dictamen el TCP solo se centraría en exhortar a la Asamblea Legislativa a ajustar la norma y que la eventual modificación regirá en las futuras elecciones, no en la de agosto.