El ministro de Justicia, César Siles, afirmó este lunes que es un “compromiso de Gobierno” el realizar las elecciones generales este año y aseguró que los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por la incorporación de la equidad de género en los binomios presidenciales y la participación de organizaciones indígenas, que podrían llegar hasta seis, no representan un riesgo para el proceso electoral debido a que las eventuales sentencias regirán para futuras elecciones.

 “Toda modificación que haya, que podría darse, tanto del artículo 28 como el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas, va a regir para lo venidero y lo único que puede hacer el Tribunal Constitucional en cualquiera de estas acciones es, o expulsar y exhortar que se haga una nueva norma, o simplemente exhortar que se haga una nueva norma y se modifique la ley”, afirmó en conferencia de prensa.

Siles, en ese sentido, aseguró que lo expresado por el presidente Luis Arce el fin de semana, en el que aseguró que este año habrá elecciones “sí o sí” es un compromiso del Gobierno.

De acuerdo con Siles, hasta el momento tres recursos fueron presentados en el TCP, con sede en Sucre: El diputado del MAS Israel Huaytari presentó el 15 de abril una acción de inconstitucionalidad abstracta para que se garanticen binomios presidenciales paritarios, mientras que el 7 de abril, el diputado disidente de Comunidad Ciudadana Miguel Roca acudió al TCP en busca de que las organizaciones indígenas puedan participar en elecciones generales y no solo subnacionales, como lo limita la Ley 1096.

Pero, además, el TSE presentó una acción de constitucionalidad concreta también sobre la participación de los pueblos indígenas en los comicios nacionales.

En ambos casos, Siles afirmó que ninguna de estas acciones legales afectará el proceso electoral de agosto porque ya está en marcha desde el 3 de abril, cuando el TSE emitió la convocatoria, y en el caso de que se modifique los artículos impugnados éstos regirán para los futuros procesos electorales y no para las elecciones de agosto.

En su acción, Huaytari objeta el artículo 28 de la Ley 1096 del Organizaciones Políticas y busca que la nominación de candidaturas con presencia paritaria de hombres y mujeres en 50% en entes legislativos, también se extienda para los postulantes a la presidencia y vicepresidencia.

Sobre esta petición, Siles recordó que esta propuesta de binomios paritarios fue plasmada en un proyecto de ley, en el marco de los compromisos asumidos en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados y remitida al Senado, que está presidida por el evista Andrónico Rodríguez, donde hasta la fecha no fue debatida.

De acuerdo con el ministro, en la eventualidad de que el TCP emita un dictamen solo tendría el tenor de exhortar a la ALP a modificar el artículo 28 de la Ley 1096 y si esto se da éste se aplicaría en las elecciones generales de 2030.

“No existiendo, por tanto, en este punto ningún riesgo de que este recurso que se ha presentado en el Tribunal Constitucional pueda paralizar las elecciones, en todo caso, si se modifica el artículo 28 de la Ley de Partidos Políticos regirá para lo venidero y futuras elecciones”, insistió el ministro.

En cuanto al recurso del diputado Roca, recordó que “está zanjado jurídicamente” porque el inciso c) del artículo 5 de la Ley 1096 establece que “las naciones y pueblo indígena o minero campesino no pueden participar de elecciones nacionales, solo de elecciones subnacionales, como lo han hecho en anteriores elecciones”.

Sin embargo, señaló que esta disposición puede ser sujeto de impugnación, como sucede con la acción del diputado Roca.

No obstante, insistió que “en el escenario de que el Tribunal Constitucional declarare inconstitucional este artículo, primero que tiene que cumplir plazos, trámites y demás, y lo segundo, lo más importante, esa declaración de inconstitucionalidad va a regir para lo venidero, nunca para esta elección, que, además, bajo el principio de preclusión, ya tiene aprobado un calendario electoral”.

De acuerdo con Siles, en la actualidad los tres recursos, de al menos seis que se anunciaron, están en la comisión de admisión del TCP, que debe definir si las admite, rechaza u observa.

Si la acción es admitida, el TCP solicitará a la ALP un pronunciamiento porque la norma impugnada (Ley 1096) fue aprobada por ese Órgano. Para ello se le dará un plazo de 15 días, tras el cual el TCP debe delegar la resolución de la causa a un magistrado relator, quien tendrá un plazo de 45 días para emitir su dictamen.

“Si ustedes hacen la sumatoria de esos plazos, más allá de la tremenda carga y mora procesal que tiene el Tribunal Constitucional, entendería que ya vamos a estar con las elecciones realizadas el 17 de agosto, antes de que se emita una sentencia constitucional con relación a estos temas”, estimó el ministro.