El Gobierno boliviano garantizó el desarrollo de las elecciones generales programadas para el próximo 17 de agosto, a pesar de la primera acción presentada en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la convocatoria y el rechazo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a aprobar el crédito de $us 100 millones de JICA que, en parte, debía destinarse al voto en el exterior.

Por un lado, el ministro de Justicia, César siles, se refirió a la acción de inconstitucionalidad presentado por el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Israel Huaytari, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en contra de la convocatoria a las Elecciones Generales para que se declare la obligatoriedad de respetar la paridad de género en los binomios presidenciales.

“Ningún riesgo tienen las elecciones”, afirmó Siles al referirse a la acción presentada por el expresidente de Diputados.

Siles aclaró que esta petición la hizo Huaytari en su condición de diputado, pero que aún no fue admitida por el TCP y mucho menos se emitió medida cautelar que afecte el proceso electoral en marcha.

“Esa acción de inconstitucionalidad aún no ha sido admitida o no ha sido considerada por el Tribunal Constitucional, es cierto también que se ha pedido una medida cautelar que tampoco ha sido considerada”, insistió.

Recordó, además, que, entre las conclusiones del Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, organizado por el TSE el 17 de febrero, se acordó impulsar un proyecto de ley sobre la paridad de binomios presidenciales, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero que aún no se lo ratificó en el Senado, que está presidio por el evista Andrónico Rodríguez.

“Es en (la Asamblea Legislativa) donde debería de resolverse y no en el Tribunal Constitucional si Bolivia está lista y preparada para una ley de paridad”, defendió.

En su acción, no obstante, Huaytari aclara que “en ningún momento se pretende la suspensión de las elecciones generales, mismas que deberán continuar en su trámite  hasta concluir con el calendario electoral”.

Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, también garantizó el normal desarrollo del proceso electoral, incluido el voto en el exterior, a pesar de que la ALP no aprobó el crédito de 100 millones de dólares que, en parte, iban a ser destinados a ese objetivo.

“Pese a que ellos no han aprobado (…), en el PGE se establece los recursos para las elecciones. Lo que hemos manifestado es que tenemos una falta de dólares; sin embargo, los recursos económicos en bolivianos los tenemos”, afirmó en conferencia de prensa.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, lamentó que no se hayan respetado los acuerdos del denominado Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, donde se definió la aprobación de ese crédito para garantizar recursos.

No obstante, aseveró que “se tiene que dar esa certeza, esa certidumbre y garantizar las elecciones generales”.

La mañana de este miércoles, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, garantizó que, pese a la acción de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Órgano Electoral seguirá ejecutando el proceso electoral de cara a los comicios generales del próximo 17 de agosto.

“Queremos dar la seguridad que vamos a continuar ejecutando el proceso electoral con miras a las elecciones del 17 de agosto. Este proceso electoral es vital, importante para la democracia del país”, aseguró Vargas en rueda de prensa.

En ese sentido, dejó en manos del TCP la resolución respecto a la acción presentada y aseguró que hasta ahora no fueron notificados con ninguna medida cautelar respecto al caso.

“Esta en manos del TCP, ellos deberán emitir la resolución que corresponda. Somos repetuosos del Estado de Derecho, de la independencia en cada tribunal (…)  No hemos sido notificados con ninguna medida cautelar”, detalló.