El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró que “defenderá los recursos económicos del pueblo boliviano” en el proceso seguido por extrabajadores del extinto Servicio de Aeropuertos Bolivianos S. A. (Sabsa) que buscan el pago de Bs 55 millones, pese a que esa empresa cuando activaron el juicio estaba en manos de privados y su capital era de Bs 6,6 millones en 2017.

Un juzgado en Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, ordenó la aprehensión del ministro, en un juicio laboral planteado por extrabajadores de la desaparecida Empresa de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa). El proceso se remonta a 2011 cuando era privada, estaba en manos de la española Abertis.

Montaño responsabilizó a la gestión de Evo Morales por no haber defendido los intereses del Estado y denunció que los extrabajadores tienen pretensiones “jugosas” al exigir también una nivelación salarial, como el dirigente de los extrabajadores Wilfredo Chávez que de ganar $us 1.000 en 2011 ahora pretende una nivelación de $us 1.800.

“El Estado no puede perder recursos económicos y mientras yo esté aquí voy a hacer respetar la legalidad y los derechos que tiene cualquier trabajador y también el pueblo boliviano, entonces, como ustedes ven son irregularidades, ilegalidades y pretensiones fantasiosas los que quieren ahora los extrabajadores”, denunció.

Montaño explicó que la denuncia laboral debía estar dirigida al directorio de la extinta Sabsa, porque era una Sociedad Anónima, y no al ministro, como dispuso el juez de Yapacaní.

Sin embargo, aseguró que se defenderá de la orden de aprehensión en su contra, con la que fue notificada, dijo, este martes a pesar de que ya la habían hecho público el lunes, en contra de las disposiciones establecidas en el Código de Comercio.

“No voy a rehuir a esta responsabilidad, voy a defender los recursos económicos de cada uno de los habitantes del pueblo boliviano”, insistió y anunció que requerirá una auditoría técnica al proceso activado para establecer quiénes están por detrás de la demanda.

Montaño cuestionó al juez de Yapacaní de dónde se sacarán Bs 55 millones cuando la desaparecida Sabsa tenía un capital de más de Bs 6,6 millones, y reveló, sin dar nombres, que “hay un abogado que se ha comprado los casos”.