El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, justificó este martes la imputación formal en contra del alcalde de La Paz, Iván Arias, por la mazamorra caída en la zona de Bajo Llojeta de noviembre de 2024. Entretanto, la Alcaldía espera la notificación formal para asumir la defensa del burgomaestre y calificó de “medida extrema” el pedido de detención preventiva.

Torrrez especificó que la imputación contra el Alcalde de La Paz es por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Lesiones Graves y Leves, que habría cometido al no cumplir con sus atribuciones de prevención de riesgos y fiscalización, establecidas en la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y que habría tenido como consecuencias el deslizamiento de mazamorra en la zona de Bajo Llojeta en noviembre de 2024.

“La Fiscalía ha colectado 129 elementos de convicción, que hacen suponer la probabilidad de autoría del imputado, entre ellos, las declaraciones testificales de las víctimas, la recopilación de información a partir del registro del lugar, la documentación enviada por la propia Alcaldía, donde se encuentra sus atribuciones y competencias, que hacen presumir que hubo omisiones en las tareas descritas en las Ley Nº 482, del Alcalde Municipal, y que habría tenido como consecuencias familias afectadas y una menor de edad fallecida por lo que el Ministerio Público, solicitará en audiencia de medidas cautelares la detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro”, dijo la autoridad.

La Comisión de Fiscales, informó que el Alcalde tiene calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva, en esa condición se le asignaron competencias y funciones establecidas en la Ley Municipal Autonómica Nª 233, esta ley le otorga la posibilidad de hacer demoliciones de inmuebles y obras que no cumplan con las normas y el uso de suelos, en el lugar se habría construido una plataforma por la empresa Kantutani, que no fiscalizó. Además de sancionar cuando se advierte un incumplimiento a la normativa de movimientos de tierras ilegales, funciones que habría omitido realizar la autoridad municipal.

Entretanto, en conferencia de prensa, la directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Amparo Morales, afirmó que ña notificación aún no llegó a la Alcaldía, pero ya se conoció esta resolución de imputación formal emitida por la Comisión de Fiscales que investiga este caso.

“Todavía no ha sido notificado formalmente como corresponde por parte del juzgado a cargo y estamos a la espera que se realice esta notificación para que el Alcalde pueda asumir defensa. Sabemos que se ha realizado la imputación por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves”, dijo Morales.

La autoridad edil precisó que esta imputación es fruto de la investigación que de oficio abrió la Fiscalía Departamental de La Paz por este caso. Recordó que varios funcionarios han sido involucrados y denunciados por este ente, entre los que se encuentra el secretario Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades (SMRGV), Juan Pablo Palma, quien tiene detención domiciliaria. Ahora, la imputación es contra el Alcalde paceño.

Consultada sobre el tiempo que demandará que llegue la imputación formal, Morales sostuvo que “el juzgado tiene dentro de los cinco días que recibe la imputación, tiene que emitir la admisión de la misma para otorgar los plazos para instrumentos jurídicos de defensa, como son incidentes o excepciones”.

Morales puntualizó que la Fiscalía solicita una medida extrema de detención preventiva en este caso. Recordó que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a la cabeza del alcalde Iván Arias, presentó la denuncia al día siguiente de ocurrido el hecho el 23 de noviembre y que a todas las convocatorias que hizo la Fiscalía, Arias acudió para informar sobre el hecho, por lo que a estas alturas, tras cuatro meses de investigación, no corresponde argumentar que existe “riesgo de fuga”.

“Seguramente explicarán esto en la audiencia cautelar los señores fiscales y nosotros vamos a asumir la defensa como corresponde, presentando los instrumentos jurídicos necesarios. Se otorga 10 días para presentar incidentes o excepciones si ven por conveniente la defensa y después recién se desarrolla la audiencia cautelar”, añadió la autoridad.