Consejo de la Magistratura anuncia que analizará el informe de Grupo de Trabajo de la ONU sobre Camacho
El presidente de la Magistratura, Manuel Baptista, explicó que esa instancia no puede entrometerse en las decisiones de los jueces, pero analizará el informe internacional en función de sus competencias y el cumplimiento de los derechos.

El Consejo de la Magistratura anunció que analizará las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto de la detención del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien cumple detención en el penal de Chonchocoro de La Paz.
En contacto con Erbol, el presidente de la Magistratura, Manuel Baptista, explicó que esa instancia no puede entrometerse en las decisiones de los jueces, pero analizará el informe internacional en función de sus competencias y el cumplimiento de los derechos.
“Vamos a analizar las recomendaciones y, en base a lo que nos competa por ley, vamos a accionar inmediatamente, si esto pasa por pedir una recomendación al juez o advertir en algunas situaciones de vulneración de derechos”, indicó Baptista.
El informe está referido a la supuesta vulneración de derechos humanos de Camacho, que fue aprehendido por la Policía Boliviana el 28 de diciembre de 2022 y que guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I.
Por encontrar la “arbitrariedad” del procedimiento, el Grupo de Trabajo de la ONU recomendó la “liberación inmediata” de Camacho.
Respecto de ese informe, el ministro de Justicia, César Siles, dijo que aquel es “parcial”, “sesgado” y “desactualizado”.
“Es un informe, parcial, es un informe sesgado y es un informe desactualizado”, dijo la autoridad.
En ese sentido, Siles anunció que se pedirá la revisión del informe debido a que no contempla lo que considera aspectos importantes del caso y contradice el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Son contradictorios, porque la CIDH y la GIEI coinciden en que no hubo vulneración de derechos humanos en ningún proceso judicial abierto. Es un informe parcial, sesgado y desactualizado porque no considera todo lo acontecido los últimos años. Vamos a presentar una revisión”, dijo Siles.