El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz por el caso ‘Golpe I’, ente otros, anunció este lunes que denunciarán internacionalmente al Gobierno y presentará acciones y recursos constitucionales en busca de su libertad amparado en el informe del Grupo de Trabajo de la ONU que, aseguró, calificó su detención de “arbitraria”.

A través de un mensaje en sus cuentas en las redes sociales, Camacho aseveró que iniciará “las acciones jurídicas pertinentes ante organismos internacionales, a fin de que se sancione penalmente y personalmente a todos los funcionarios del Gobierno del Presidente Arce, del Órgano Judicial y del Ministerio Público, que participaron de forma directa o indirecta del operativo de mi secuestro el 28 de diciembre de 2022, de mi detención preventiva ilegal en Chonchocoro y de todas las torturas y violaciones a los derechos humanos cometidos en mi contra por estos funcionarios hasta la fecha” (sic).

En ese sentido, Camacho señaló que el informe del grupo de trabajo de la ONU -cuyo contenido no fue divulgado y ya fue rechazado por el Gobierno- “ordena” su libertad y por eso, dijo, presentará los recursos correspondientes para lograr ese objetivo.

“En los próximos días presentaré los recursos judiciales y constitucionales pertinentes, para ejecutar esta orden de libertad emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas a favor de mi persona. Las autoridades judiciales y constitucionales que sustancien estos recursos, tendrán en sus manos la responsabilidad de cumplir con esta resolución internacional y con mi liberación” (sic), señaló.

Según el exlíder cívico, con el informe “es absolutamente claro que este caso va a generar procesos y sanciones internacionales. y a partir del pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU, cualquier acto de prevaricación y de imposición abusiva de la ley para seguir teniéndome detenido va a constituir un serio agravante que traerá consecuencias” (sic).

“En ese sentido, las autoridades judiciales que decidan mantenerme secuestrado, serán llevadas a procesos internacionales, para que respondan ante los diferentes organismos internacionales y sus Estados miembros por sus decisiones violatorias contra mis Derechos Humanos” (sic), agregó.

En esa misma línea, la esposa de Camacho, Fátima Jordán, en conferencia de prensa, aseveró que el Grupo de Trabajo de la ONU señaló que el exlíder cívico debe ser liberado “de forma inmediata” al considerar que su detención fue “ilegal”.

El Gobierno rechaza el informe

Entretanto, el Gobierno del Estado boliviano ya expresó, días atrás, su rechazo al informe, anunció que no cumplirá con sus recomendaciones y pedirá una revisión.

El ministro de Justicia, César Siles, aseveró que el informe es “sesgado, parcializado y desactualizado” y no toma en cuenta los avances del proceso por el denominado ‘caso Golpe I’, que ya se encuentra en juicio.

En ese marco, afirmó que el Gobierno solicitó la revisión del informe, aunque “no lo acepta, no lo admite y, considerando, además, que no es vinculante ni obligatorio no va a cumplir las recomendaciones emitidas”, aseguró en Bolivia Tv.

Detalló que junto con la Procuraduría General del Estado y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobierno se preparan los argumentos para la solicitud de revisión del informe sobre la detención de Camacho por el caso Golpe de Estado I, relacionado a los hechos de noviembre de 2019.

El juicio del caso ‘Golpe I’ se encuentra en la etapa de declaraciones testificales de cargo y este lunes 31 de marzo comienza la etapa testifical de descargo, lo que implica que en los próximos días o semanas se va a concluir el juicio oral público y contradictorio.