La Vicepresidencia del Estado calificó de falsas y sin fundamentos las acusaciones de algunos políticos en sentido de que el vicepresidente David Choquehuanca tendría alguna relación con una Organización no Gubernamental (ONG) vinculada a créditos de carbono o financiamiento climático.

“El vicepresidente David Choquehuanca no pertenece, ni dirige, ni está relacionado con ninguna fundación u Organización no Gubernamental (ONG) vinculada a créditos de carbono o financiamiento climático, por lo que rechazamos enfáticamente las acusaciones falsas e infundadas”, refiere un comunicado de la Vicepresidencia.

El exdirigente Adolfo Chávez y la diputada opositora de Creemos María RenéÁlvarez acusaron al vicepresidente Choquehuanca de tener vínculos con entidades y créditos de carbono, luego de conocerse la presencia de la ficticia nación Kailasa y la firma de acuerdos con dirigentes de los indígenas Esse Ejja, Baure y Cayubaba.

En los documentos se habla de alquiler de tierras “a perpetuidad”, donde los indígenas bolivianos ceden los derechos sobre los recursos naturales y el espacio aéreo, según una investigación de El Deber.

“El nombre del vicepresidente (David) Choquehuanca, o Jilata Choquehuanca, o Gurú Choquehuanca, salta más de una vez en lo que se sospecha sería uno de los objetivos de esta secta en el mercado de bonos verdes”, publicó en sus redes sociales la diputada Álvarez.

La Vicepresidencia del Estado Plurinacional aclaró que “no tiene relación alguna con iniciativas nacionales o internacionales vinculadas a la comercialización de bonos de carbono”.

“Rechazamos contundentemente cualquier insinuación o afirmación sobre la recepción o negociación de recursos económicos provenientes de mercados de carbono por parte de esta institución, aclarando enfáticamente que todos los recursos económicos con los que opera la Vicepresidencia provienen exclusivamente del Tesoro General de la Nación (TGN)”, se lee en el comunicado.

En referencia a la denunciada Kailasa, la Vicepresidencia exigió “a las instancias competentes procedan con una investigación completa sobre las actuaciones realizadas, cuyas prácticas podrían constituir vulneraciones al ordenamiento jurídico nacional y una amenaza directa contra los territorios indígenas y ecosistemas de nuestro territorio y castiguen de manera ejemplar a los responsables”.