El ministro de Justicia, César Siles, informó este martes que se suspendió la aplicación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, calificada como “confiscatoria”, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) realice la evaluación sobre su constitucionalidad; sin embargo, anunció que se definirá la convocatoria a un nuevo diálogo de manera bilateral con los sectores movilizados que deseen atender otras peticiones.

“Hemos recibido una notificación formal, como Gobierno, donde el TCP ante una acción de inconstitucionalidad abstracta, decide en medida cautelar suspender la aplicación de la disposición adicional séptima del PGE. Por tanto, la misma ha quedado suspendida, no se va a reglamentar (…). No obstante, vamos a citar de manera bilateral, a cada una de las organizaciones interesadas en asistir al diálogo, ya no por este tema; sino para atender otras peticiones que tienen los sectores movilizados”, indicó.

La autoridad reconoció que la mencionada disposición era el tema central de los debates que se desarrollaron con 13 instituciones, organizaciones y asociaciones de gremiales y empresarios, que estaban movilizados o en apronte de movilización.

Siles señaló que no habría mayores motivos para continuar con algunas protestas o reclamos específicos con relación a esa disposición.

“El Gobierno boliviano, va a cumplir como lo ha hecho en otras oportunidades este auto dictado, que es de carácter vinculante. Lo que implica que no se puede adoptar ninguna medida administrativa o legal, para aplicar una disposición que, por mandato de la justicia boliviana, ha quedado en suspenso”, explicó el ministro.

La decisión del TCP

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso presentado por el diputado Miguel Roca y dispuso la suspensión provisional de la aplicación de los dos primeros parágrafos de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, calificada por sectores económicos como “confiscatoria”.

El auto constitucional del TCP, emitido el 13 de marzo pero conocido recién este lunes, dispone "la suspensión provisional de la aplicación de los parágrafos I y II, de la Disposición Adicional Séptima de la ley del Presupuesto General del Estado 2025 quedando igualmente prohibido el tratamiento de cualquier otra normativa vinculada a la cuestión planteada, hasta que este Tribunal, previo sorteo de la causa dicte la respectiva sentencia constitucional plurinacional".

La disposición en cuestión señala que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

La norma es cuestionada por diversos sectores económicos, entre ellos empresarios, industriales, gremiales, transportistas, entre otros, quienes piden su abrogación.