El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso presentado por el diputado Miguel Roca y dispuso la suspensión provisional de la aplicación de los dos primeros parágrafos de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, calificada por sectores económicos como “confiscatoria”.

El auto constitucional del TCP, emitido el 13 de marzo pero conocido recién este lunes, dispone "la suspensión provisional de la aplicación de los parágrafos I y II, de la Disposición Adicional Séptima de la ley del Presupuesto General del Estado 2025 quedando igualmente prohibido el tratamiento de cualquier otra normativa vinculada a la cuestión planteada, hasta que este Tribunal, previo sorteo de la causa dicte la respectiva sentencia constitucional plurinacional".

La disposición en cuestión señala que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

La norma es cuestionada por diversos sectores económicos, entre ellos empresarios, industriales, gremiales, transportistas, entre otros, quienes piden su abrogación.

No obstante, el Gobierno y los empresarios privados ya habían acordado que la disposición no se aplicará hasta que se logre consensos con todos los sectores involucrados.

Entretanto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró que las medidas de control, fiscalización, confiscación o decomiso de alimentos, previstos en la Disposición Adicional Séptima del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, no están dirigidas a los productores.

La autoridad aseveró que la inclusión de esta disposición responde a una demanda ciudadana, que exige un esquema de control contra el agio y la especulación.