El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro de La Paz, presentó una Acción de Inconstitucionalidad contra el delito de terrorismo, lo que derivaría en su aliminación del Código Penal boliviano, y su análisis está en la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La información fue proporcionada por el exministro de Justicia Iván Lima, quien advirtió que en caso de que el Tribunal Constitucional Plurinacional dé luz verde al pedido, la Fiscalía deberá cambiar la imputación contra Camacho dentro del llamado ‘caso Golpe de Estado I’, entre otros.

Según informó lima, el Tribunal que lleva el juicio de caso rechazó la Acción de Camacho y esta pasó al TCP. Se encontraría en su Comisión de Admisión para su respectivo análisis.

“Ahora, Luis Fernando Camacho, ha presentado una acción de inconstitucionalidad concreta en contra del delito de terrorismo. El Expediente 69010-2024-139-AIC se encuentra ante la Comisión de Admisión, porque, la acción fue rechazada por el Tribunal que lleva el juicio y corresponde que la misma se tramite ante el TCP” (sic), informó Lima a través de su cuenta en la red social ‘X’.

El exministro de Justicia, en ese sentido, afirmó que “de tener éxito esa acción, y declararse inconstitucional el delito de terrorismo, el Ministerio Público tendría que ajustar la imputación formal si decide seguir con los casos” (sic).

Fernando Camacho, junto al exlíder cívico Marco Pumari, entre otros, están imputados por los delitos de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado y otros delitos por los hechos de violencia de 2019 que derivaron en la dimisión del expresidente Evo Morales y la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.

El juicio se reanudará mañana, viernes, ya que el tribunal continúa en la revisión de pruebas presentadas por el Ministerio de Gobierno.

Ayer, miércoles, se informó que ya concluyó la revisión de las 133 pruebas que presentó la Fiscalía con la exclusión de 20 pruebas presentadas por los fiscales, lo que significa que 113 pruebas fueron judicializadas, es decir tendrán validez en el proceso.

Concluida esa etapa, se pasará a la fase testifical y en ella existen más de 300 testigos que fueron ofrecidos por la defensa.