A pesar del acuerdo entre el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), el Comité Multisectorial reiteró su exigencia de que se derogue la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 por considerarla “confiscatoria”.

Ayer, el Gobierno y los empresarios privados acordaron que la disposición no se aplicará hasta que se logre consensos con todos los sectores involucrados.

“Hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, informó el presidente de la CEPB, Giovani Ortuño.

La disposición en cuestión señala que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

No obstante, el Comité Multisectorial – compuesto por industriales, gremiales, productores, transportistas, entre otros- señaló este miércoles que se “mantienen firme su posición de exigir la derogatoria de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Financial 1613 por considerarla ilegal, inconstitucional y atentatoria a la propiedad privada”.

En el documento, denominado “ratificación de la exigencia de derogatoria inmediata de la disposición adicional séptima de la ley financial”, los productores expresaron su "sorpresa" por la celebración de un acuerdo entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y el Gobierno Nacional.

“Es menester aclarar que el Sr. Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, no cuenta con ninguna representación del Comité Multisectorial y que tampoco participó en ninguno de los Ampliados realizados por el Comité en los diferentes departamentos del país, por lo cual se niega y se desconoce este acuerdo”.

Los productores ratificaron que “que mantiene incólume la unidad de los sectores que lo componen, que mantiene su estado de emergencia y que se continuará promoviendo las movilizaciones escalonadas hasta lograr la derogatoria por parte de las instancias pertinentes”.