El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, afronta nuevos procesos penales en su contra. En las últimas horas, fue acusado por presuntamente haber desviado recursos del Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad.

Zúñiga es investigado por el delito de peculado y el desvío ascendería a los 2,7 millones de bolivianos.

El proceso ya había sido resuelto en el Tribunal Disciplinario de Justicia Militar hace varios años cuando se dispuso una sanción disciplinaria de cinco días de arresto cuando tenía el grado de teniente coronel y otros cuatro oficiales, recordó su abogado Estiven Orellana.

Sin embargo, el jurista consideró “injusto” que ahora la Fiscalía haya dispuesto abrir el caso pese a que, según dijo, no existe “ningún elemento de prueba” que determine la participación de Zúñiga en el caso o que haya incrementado sus recursos en sus cuentas bancarias.

“No se han presentado ni testigos, no hay una prueba que establezca un daño económico en este proceso”, insistió Orellana.

Actualmente, el exgeneral Zúñiga cumple detención preventiva en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, acusado de liderar un intento de Golpe de Estado.

El 26 de junio de 2024, Juan José Zúñiga movilizó a un grupo de militares encapuchados con quienes tomó la plaza Murillo con tanquetas y efectivos con armas de grueso calibre.

En uno de esos blindados estaba Zúñiga, que un día antes fue informado de su relevo, además de Juan Arnez, de la Armada Boliviana, y Marcelo Zegarra, de la Fuerza Aérea Boliviana; sin embargo, este último “había hecho conocer que no estaba de acuerdo” con este accionar, según las investigaciones de la Fiscalía.

El Gobierno afirma que lo ocurrido el 26 de junio fue un fallido intento de Golpe de Estado. Ese día, de hecho, Zúñiga habló de que el Ejército buscaba “recuperar la patria” y habló de formar un nuevo gabinete.

Según las investigaciones incluso tenía preparado un discurso para asumir la presidencia del Estado.

Tras un careo con el excomandante del Ejército, el presidente Luis Arce optó por posesionar a un nuevo alto mando militar, mismo que ordenó el repliegue de las unidades a sus cuarteles, con lo que finalizó los momentos de tensión en el centro político del país.