El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunieron este miércoles con el objetivo de socializar el Proyecto de Ley para que los debates presidenciales se realicen de forma obligatoria y abrieron la posibilidad de realizar una organización conjunta de los mismos.

 “Fructífera reunión con el TSE para socializar el proyecto de Debate Presidencial 2025 que realizaremos conjuntamente, y que aportará a escuchar de los candidatos sus propuestas para enfrentar los problemas económicos y fortalecer al empresariado privado boliviano”, informó la CEPB a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Por su parte, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó que el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, “expresó su interés de coordinar la celebración de debates electorales con candidatos a la presidencia del país, en el marco de las Elecciones Generales 2025”.

Vargas saludó la iniciativa y destacó que “fortalece nuestra democracia y es un aporte para garantizar el voto informado”.

El 15 de noviembre del 2024, el TSE informó que remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para que el debate electoral sea público y obligatorio en los futuros procesos electorales.

“El proyecto de ley busca modificar la Ley del Régimen Electoral (Ley 026) para que se instituya el debate electoral público y obligatorio, para la reflexión y deliberación de las propuestas programáticas de las candidatas y los candidatos a cargos públicos elegibles de Presidente, Vicepresidente, gobernadores, Ejecutivo Regional y alcaldes del Estado Plurinacional de Bolivia”, informó el TSE en esa oportunidad.

La vocal Nancy Gutiérrez, promotora del proyecto de ley, indicó que esta iniciativa tiene por objeto fortalecer el ejercicio del derecho al voto de los electores mediante decisiones informadas. Complementó además que el debate electoral puede constituirse en un espacio democrático de confrontación ideológica de los candidatos en procesos electorales, proporcionando a la ciudadanía información de sus propuestas, programas de gobierno y sus posiciones en temáticas de interés nacional y local.

La iniciativa propone que los debates deban celebrarse dentro los 15 días anteriores y hasta los cinco días previos a la fecha de la elección, además establece que sean públicos y obligatorios para todos los asistentes. Si la elección se definiera en segunda vuelta electoral, los candidatos habilitados deberán participar en un nuevo debate dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.

La organización e implementación de los debates estaría a cargo del Órgano Electoral Plurinacional y ser transmitidos por los medios de comunicación del Estado, poniendo a disposición la señal para todos los medios privados del país que deseen transmitir los debates de manera simultánea en forma gratuita.