La Fiscalía emitió este jueves la alerta migratoria en contra del exministro de Medio ambiente, Alan Lisperguer, investigado por el delito de enriquecimiento ilicítico.

“Esta alerta nos permite a que el ciudadano permanezca en el territorio boliviano. Debemos citar que el exministro se ha apersonado al Ministerio Público con un memorial para solicitar que su declaración sea en Cochabamba”, informó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, entrevistado por Unitel.

Torres explicó que el exministro solicitó declarar en la ciudad de Cochabamba por temas de salud y residencia.

Por otro lado, el fiscal también informó que se citará al asesor del exministro, Gabriel D. A., para que dé su declaración informativa ante el Ministerio Público, aunque no precisó si será en calidad de testigo o sindicado.

El pasado 15 de enero, el Viceministerio de Transparencia informó que Lisperguer, y su asesor jurídico Gabriel D. A., fueron denunciados por presuntos cobros irregulares y tras realizar una “minuciosa investigación” se develó que tenían movimientos millonarios e “inusuales” en sus cuentas en un corto tiempo. Ese mismo día el presidente Luis Arce destituyó al que era Ministro de Medio Ambiente.

“Esta investigación ha surgido a raíz de una denuncia que ha sido presentada ante el viceministerio, donde se detallan, justamente, algunos cobros irregulares, algunos movimientos inusuales en el patrimonio de estas dos personas”, informó la viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos.

Tras la investigación y ante los indicios en contra de estas personas, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción formalizó su denuncia el 3 de enero de 2025 por presunto enriquecimiento ilícito y por falsedad en la declaración jurada.

Según esa cartera de Estado, la investigación se centró en las gestiones 2021 y 2024. En el caso del exministro se contabilizaron ocho bienes inmuebles en el mismo periodo. En total tendría nueve inmuebles, la mayoría en el departamento de Cochabamba.

Además de Bs 1 millón, que involucraría movimientos económicos entre los ahora investigados y depósitos de otras personas, entre ellos algunos servidores públicos.

En el caso del asesor jurídico se identificó un movimiento inusual de sus cuentas de más de Bs 600.000 en el período 2024, quien también tendría consumos y compras “desproporcionados” a su perfil patrimonial.