El ‘Encuentro Multisectorial’ de actores económicos concluyó con la determinación de realizar un “paro movilizado” a nivel nacional, el próximo 10 de febrero, en contra de la disposición séptima del presupuesto General del Estado (PGE), por considerarla “confiscatoria”.

Empresarios, gremiales, exportadores, agropecuarios, transportistas, entre otros sectores, se reunieron la mañana de este jueves en Sucre.

En la oportunidad, ratificaron su rechazo a la disposición que “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

“¿Quién va a determinar, quién va a ser el que va a decir está vendiendo caro o está vendiendo barato?”, cuestionó, por ejemplo, César González, dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, al señalar que la disposición séptima es antigua.

Gonzales, en esa línea, ratificó que en caso que no se derogue la cuestionada disposición, “los integrantes de la cadena de abastecimiento iniciaremos un paro movilizado de 24 horas, de carácter nacional, el 10 de febrero del presente año”.

Entretanto, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, expresó su deseo de que el Gobierno cumpla con la demanda del Encuentro y no se tenga que llegar a parar el 10 de febrero.

“Creo que no es necesario llegar al 10 de febrero. Quiero dejar una frase muy clara: nosotros no especulamos, nosotros producimos”, expresó, según reporte de Correo del Sur.

Los sectores reunidos, asimismo, ratificaron que no acudirán al diálogo con el Gobierno mientras no se derogue la misma.

Ayer, miércoles, el viceministro de Defensa al Consumir, Jorge Silva, aseveró que la derogación de la cuestionada disposición no es competencia del Gobierno, sino de la Asamblea Legislativa.

"No se deroga porque el presidente (Luis Arce) no tiene facultades ni atribuciones constitucionales para derogar una norma que está en una ley, un artículo que está en una ley. Es una competencia de la Asamblea Legislativa, por tanto, es un pedido imposible de cumplir, no por falta de voluntad política, sino sencillamente porque el Presidente no puede hacerlo", explicó Silva.

Ya el pasado martes, el Gobierno, a través de diferentes ministerios, volvió a convocar al diálogo a los diversos sectores económicos para reglamentar la disposición.