Sectores se reúnen en Sucre para definir medidas de presión contra disposición “confiscatoria” del PGE
Desde el Gobierno se insistió en llamar al diálogo a los diversos sectores para poder reglamentar la disposición y aseveró que su derogación es competencia de la Asamblea Legislativa.

Empresarios, industriales, gremiales, exportadores, agropecuarios, y otros sectores, se reúnen en la ciudad de Sucre para definir las medidas de presión que aplicarán, a partir del 10 de febrero, en contra de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, por considerarla “confiscatoria”.
Los representantes de los diversos sectores rechazaron dialogar con el Gobierno en más de una ocasión, pues exigen que antes de cualquier acercamiento se abrogue la disposición que “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
“No hay nada que discutir con el Gobierno, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, ellos son el Gobierno, ellos tienen la obligación de retirar esta disposición adicional séptima”, dijo, por ejemplo, el secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, a Unitel.
Gonzalez, en esa línea, confirmó que las medidas de presión de los diversos sectores iniciarán el próximo 10 de febrero.
“Si el Gobierno no resuelve este tema, el 10 de febrero estaremos saliendo a las calles todos los sectores de la cadena productiva, productores, transportistas, comerciantes medianos y grandes, todos saldremos a las calles”, advirtió.
Entretanto, desde el Gobierno se insistió en llamar al diálogo a los diversos sectores para poder reglamentar la disposición.
El viceministro de Defensa al Consumir, Jorge Silva, aseveró que la derogación de la cuestionada disposición no es competencia del Gobierno, sino de la Asamblea Legislativa.
"No se deroga porque el presidente (Luis Arce) no tiene facultades ni atribuciones constitucionales para derogar una norma que está en una ley, un artículo que está en una ley. Es una competencia de la Asamblea Legislativa, por tanto, es un pedido imposible de cumplir, no por falta de voluntad política, sino sencillamente porque el Presidente no puede hacerlo", explicó Silva.