El Decreto Supremo (DS) 5321, recientemente aprobado por el Ejecutivo, vela por la continuidad y calidad de las obras de inversión públicas, destacó el Gobierno, y la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) destacó que esta nueva medida implica una “alta significación” para el sector y el país.

“El objeto del Decreto Supremo 5321 es velar por la continuidad y la calidad de los proyectos de inversión que está llevando el sector público en beneficio de la población”, explicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, este viernes en conferencia de prensa.

El nuevo Decreto Supremo 5321 establece mecanismos operativos para ajustar los precios unitarios de materiales de construcción, maquinaria y equipos importados, en los contratos de obra en ejecución firmados por entidades públicas.

“Este ajuste de precios se aplicará en los contratos de obras de ejecución que ya están en este momento en marcha, se operativizarán mediante contratos modificatorios que tengan siempre un sustento técnico, legal, financiero”, detalló el ministro.

La normativa se aplicará a todos los contratos de obras en ejecución suscritos por las entidades públicas, en conformidad con el Decreto Supremo 0181 del 28 de junio de 2009, que establece las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Montenegro remarcó que el Gobierno nacional considera que esta medida apoya la inversión nacional y la inversión pública, porque son “un motor importante de apalancamiento del crecimiento económico”.

“Quiero desatacar esta medida de alta significación para nuestro sector y para el país, la decisión del Gobierno nacional que se concreta con el decreto que hoy se presenta, de reajustar los precios de los materiales de construcción en obras públicas, después de 17 años de haber aprobado el último decreto supremo que hace referencia a un reajuste de precios”, añadió el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Raúl Solares.

Enfatizó que la emisión de esta disposición “refleja el clamor y pedido del sector constructor”, además marca un reconocimiento “justo y oportuno de las duras condiciones y la realidad compleja” que enfrentan las empresas de este rubro.