El Gobierno nacional reiteró este jueves que la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE 2025) no atenta contra del comerciante, productor, empresario ni industrial, por lo que a estos sectores se les invitó a elaborar el reglamento para “poner candados” que los protejan.

“Se les ha explicado que esta cláusula séptima, esta disposición séptima de la Ley Financial no afecta, no está dirigida contra el comerciante minorista, no está dirigida contra el productor, contra el empresario, contra el industrial”, remarcó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, en contacto con Cadena A.

La autoridad se reunió con el directorio de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), gremiales de La Paz y El Alto y de otros lugares del país para explicarles el propósito de la disposición séptima de la Ley Financial.

“Se les ha invitado a elaborar el reglamento, donde pongamos candados que permitan proteger al sector productivo o al sector empresarial, a los microempresarios, a los comerciantes, y que de esta manera la disposición séptima cumpla el objetivo por el cual ha sido concebida”, dijo.

Remarcó que el objetivo de esa disposición es luchar contra las organizaciones criminales que se dedican al desabastecimiento, al almacenamiento de productos alimenticios con miras al contrabando o exportación ilegal.

“Hay gente delincuencial que se dedica a cometer este acto ilícito de la exportación ilegal”, enfatizó.

En ese sentido, el viceministro cuestionó a los sectores que se oponen a la disposición séptima de la Ley Financial y señaló que este un tema que, al parecer, se lo utiliza como un pretexto para empezar nuevamente movilizaciones y perjuicio al propio aparato productivo.

“Están hablando de que se va a movilizar toda la cadena productiva, esto significa que, seguramente, van a paralizar sus actividades para estar movilizados. No entendemos si este es un pretexto para encontrar espacios, quizás de visibilización, ante los partidos de oposición, que están buscando algunas figuras para incorporarlos en sus listas y al parecer hay una apuesta en ese sentido”, cuestionó.

El pasado martes, el sector multisectorial económico – conformado por empresarios, industriales, transporte, gremiales, comerciantes  y otros- determinó movilizarse a partir del 10 de febrero si el Gobierno no elimina la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

Esta disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Los sectores reunidos consideran que la misma es “extorsiva” y por eso demandan su abrogación.