A través de sus cuentas en las redes sociales, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, reprochó que la Cámara de Diputados aún no haya tratado la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, lo que deriva en el riesgo de que la norma pase a ser ejecutada a partir del 1 de enero por parte del Gobierno.

“Lamentamos que la Cámara de Diputados reste importancia y no priorice el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE), dejando vencer el plazo establecido y permitiendo así que el Ejecutivo lo apruebe de manera directa”, señaló.

Rodríguez, en ese sentido, afirmó que el Senado espera que se le remita la norma para avanzar en su tratamiento y aseveró que la Constitución Política del Estado es clara al establecer que el PGE “debe ser tratado en la Asamblea Legislativa, y tomando en cuenta que este presupuesto general requiere una profunda evaluación, análisis y debate”.

“Con esta inacción, los diputados están debilitando las atribuciones del Órgano Legislativo y poniendo en riesgo el equilibrio democrático que garantiza nuestra Carta Magna”, acotó.

La norma recién fue aprobada por la Comisión de Planificación de la Cámara Baja y el presidente de Diputados, Omar Yujra, había anticipado que se trataría en el pleno esta semana.

No obstante, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesiona este jueves con el objetivo de designar la Comisión de cara al Receso Legislativo de fin de año.

De declararse receso legislativo sin que la Asamblea considere el PGE, el Gobierno podrá implementar el Presupuesto desde enero incluso sin el aval parlamentario. Esta figura está permitida por la Constitución y ya ocurrió el año pasado.

Al respecto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anticipó que la Constitución Política del Estado establece que la Ley Financial se dará por aprobada y entrará en vigencia si no se trata en los plazos correspondientes.

“Cuando no se aprueba el Presupuesto en la Asamblea, en realidad, el Órgano Ejecutivo no lo aprueba mediante decreto supremo, sino que la Constitución y la normativa vigente (…) toman la previsión de que, si no se aprueba, el 1 de enero entra en vigencia por fuerza de ley”, afirmó en conferencia de prensa el pasado domingo.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el proyecto del PGE 2025 prevé una tasa de crecimiento del 3,51%, una tasa de inflación del 7,5%, un precio promedio del barril de petróleo de $us 75,3, un déficit fiscal del -9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y una variación promedio del tipo de cambio oficial de ±10%.

El presupuesto total agregado alcanza a 369.341 millones de bolivianos, mientras que el presupuesto consolidado suma 296.566 millones de bolivianos; es decir, se incrementan del 8,5% y 11,7%, respectivamente, en comparación con el PGE - 2024.

“Este aumento responde a la mejora en ingresos tributarios y al impulso de la inversión pública, factores que fortalecieron la demanda interna y el crecimiento económico”, de acuerdo con esa cartera de Estado.