El Gobierno boliviano, a través del Ministerio de Justicia, calificó de “histórica” la sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por el denominado ‘caso petrocontratos’.

El TSJ sentenció a Goni – quien vive en Estados Unidos- a seis años y tres meses de cárcel en el penal de Chonchocoro de La Paz. Además, , también fueron sentenciados con cinco años de prisión sus tres exministros Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga.

“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional celebra la histórica Sentencia Condenatoria y sin precedentes emitida en el caso denominado ‘Petrocontratos’, dictada en el marco de un Juicio de Responsabilidades”, se lee en un comunicado de esa Cartera de Estado.

El Ministerio de Justicia, en ese sentido, asevera que el fallo no solo es un acto de justicia, sino también una reparación moral para las víctimas de la Guerra del Gas en 2003.

Además, asegura que “el Tribunal Supremo de Justicia dictó un fallo ejemplar, que habilita el proceso de extradición de los sentenciados, al tratarse de delitos de corrupción imprescriptibles”.

Esa postura fue ratificada, poco después, en conferencia de prensa, por el ministro César Siles, quien aseguró que la sentencia es un elemento probatorio trascendental para lograr la tramitación.

Asimismo, aseveró que con el fallo se habilita la acción reparatoria civil, mediante la cual Sánchez de Lozada será demandando por el daño económico al Estado.

Según Siles, con los contratos de Goni, Bolivia recibía sólo el 18% de los beneficios, mientras que 82% eran para las transnacionales y es ese porcentaje el que se tratará de recuperar mediante una acción civil.

Mencionó que la reparación civil se procesaría en Bolivia. Resaltó que se cuenta con mecanismos de cooperación jurídica internacional, para solicitar el congelamiento de cuentas y embargo de bienes en el exterior.

Caso Petrocontratos

El caso fue abierto en 2005 (hace 19 años) en contra de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge "Tuto" Quiroga y otros; sin embargo, Quiroga fue excluido del proceso debido a la amnistía que le fue otorgada por el expresidente Evo Morales, en 2018.

De 106 contratos, 52 se firmaron en la primera gestión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002); y uno en la de Carlos Mesa.

Según la acusación de la Fiscalía, ninguno de los 106 contratos se realizó con la supervisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Congreso Nacional, en su momento.