A través de su defensa, Maximiliano Dávila, exjefe de la policía antidroga en el Gobierno de Evo Morales, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para ser notificado respecto al proceso de extradición a Estados Unidos.

“No se le ha permitido genera una defensa o una representación internacional. Lo que sí hemos puesto en conocimiento ante la CIDH la grave vulneración de derechos humanos, que en este caso de extradición del coronel Dávila”, dijo el abogado Manolo Rojas en contacto con La Razón.

Añadió que se está pidiendo una medida cautelar, el cual busca que se mande un veedor para verificar la vulneración de los derechos y garantías constitucionales del exjefe policial.

Ante la falta de notificación, dijo que “todo es una farsa” porque viajó a Sucre, Chuquisaca, y se le informó que el cuaderno se encuentra en despacho. En su criterio, la “supuesta” extradición es una falacia.

El pasado mes de octubre, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, informó que el Gobierno de los Estados Unidos formalizó su solicitud para la extradición de Maximiliano Dávila, investigado por delitos relacionados al narcotráfico.

“Estados Unidos ha hecho conocer la solicitud formal de extradición y ha sido derivada de inmediato al magistrado relator, quien tendrá en sus manos la preparación del proyecto de resolución para poner en consideración de Sala Plena”, explicó

De acuerdo con Jaimes, la solicitud llegó al TSJ a finales de septiembre y desde entonces se abre un plazo de hasta 60 días para que el magistrado relator remita su informe a la Sala Plena.

“Queda simplemente que el magistrado relator haga conocer el proyecto, sea concediendo la extradición, denegándola o finalmente concediendo la extradición con carácter diferido”, explicó.

El 22 de enero de 2022, Dávila fue aprehendido en Villazón, Potosí, cuando intentaba pasar la frontera con dirección hacia Argentina.

El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) es denunciado por colaborar con una organización que refinaba en Bolivia cocaína producida en países vecinos, para luego exportarla a destinos como Estados Unidos, según una investigación oficial.

Fue enviado en febrero de 2022 al penal de San Pedro con seis meses de detención preventiva por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

A través de un auto supremo, el 14 de agosto de este año, el TSJ ordenó su detención preventiva con fines de extradición.