La Fiscalía de La Paz presentó la acusación formal en contra del exministro de Defensa Luis Fernando López y otras personas implicadas en una denuncia de un plan de magnicidio contra el presidente Luis Arce para impedir que asuma el poder en 2020.

La acusación fue presentada por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentados contra el presidente y otros dignatarios del Estado en grado de tentativa.

El fiscal Julio Acarrafi informó a la red Erbol que en este caso están acusados dos ciudadanos bolivianos, uno de ellos López, y cinco extranjeros.

El caso surgió por una publicación de The Intercept, que en junio de 2021 reveló que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral del presidente Arce, en octubre de 2020.

El portal digital estadounidense incluyó grabaciones, a partir de audios y correos electrónicos interceptados, que demuestran que el exministro del gobierno de Jeanine Áñez lideró las gestiones para desatar una nueva interrupción violenta.

El texto indica, por ejemplo, en una de las grabaciones filtradas, que una persona identificada como el ministro de Defensa boliviano dijo: “Trabajando para evitar la aniquilación de mi país”. Prosigue: “(…) los desacuerdos entre ministros y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, tensos por el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia”.

En otra parte se lee: “(…) varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de Policía renegados y turbas de justicieros, en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder”.

Según las indagaciones, estuvo involucrado el exministro de Gobierno Arturo Murillo, y que el plan se frustró debido a desacuerdos entre ambos por la posibilidad de una masacre mucho mayor a las perpetradas durante la gestión de Áñez en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), en noviembre de 2019.

La acusación ya se encuentra en un tribunal de sentencia de La Paz. Se espera que se cumpla con las notificaciones para fijar la fecha del juicio.

El proceso se llevó en ausencia de los sindicados, quienes fueron declarados en rebeldía.