Un juez de La Paz declinó su competencia y remitió a Cochabamba el caso relacionado a la vagoneta que usó Evo Morales durante la ‘Marcha por Bolivia’ que lideró meses atrás. Según la denuncia, el auto fue adquirido por una joven cuyos familiares tienen antecedentes de narcotráfico y se le fue “prestada” al dirigente cocalero.

Según información de Erbol, el fiscal departamental, Carlos Tórrez, informó sobre la determinación asumida por la autoridad jurisdiccional a pesar que ya comenzaron las investigaciones con los requerimientos respectivos.

La declinatoria de competencia fue apelada por el Ministerio Público, anunció el representante del Ministerio Público quien espera que un tribunal resuelva el recurso y determine “lo que en derecho corresponda”.

El caso sobre la vagoneta que usa Morales tomó relevancia semanas atrás, cuando el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, denunció que el dirigente cocalero se transporta en un vehículo que pertenece a una familia con antecedentes de narcotráfico.

En conferencia de prensa, la autoridad especificó que se trata de una vagoneta Toyota Runner modelo 2004 con placa de control 6284EPK y es usada por Morales no solo para “entrar y salir” de lo que llamó su “marcha de la muerte”, sino que también en otras ocasiones como cuando llegó a la reunión multipartidaria organizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) semanas atrás.

Según las investigaciones, detalló, la vagoneta pertenece a Tania Judith N.Y. quien solo tendría 21 años de edad y es hija de una mujer, Alicia Y.C., que tiene antecedentes de narcotráfico.

Sobre la madre de la joven, contó que fue aprehendida el 2005 por el traslado de drogas y fue sentenciada 10 años después; sin embargo, casualmente, dijo, un mes después de su condena el expresidente Evo Morales aprobó un indulto para privados de libertad que terminó beneficiando a la mujer.

Ante ello, el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia contra la joven de 21 años por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

 A eso se suma que el ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que la vagoneta en cuestión fue adquirida por la petrolera estatal venezolana PDVSA por 90 mil dólares y luego fue vendida a una joven boliviana de 21 años en 15 mil dólares.

“El vehículo fue registrado por primera vez en Porongo. Al verificar la situación del RUAT se evidencia que fue adquirido inicialmente por PDVSA por alrededor de 90 mil dólares y luego es transferido a esta ciudadana alrededor de 15 mil dólares”, aseveró el exministro.

Lima, en ese sentido, afirmó que es un caso que debe ser investigado y sospechó que con eso se demostraría que hay una “intervención extranjera en la política boliviana”, aspecto que, aseguró, es inadmisible en el marco de la legislación nacional e internacional.

Al respecto, Morales aseveró en conferencia de prensa que “no tengo movilidades, tengo ayuda desde el primer momento”.