Empresarios piden a la ALP aprobar la Ley 767 para captar inversión en exploración y explotación hidrocarburífera
Según información del Ministerio de Hidrocarburos, el Proyecto de Ley de Modificación tiene “como objetivo reactivar la inversión en actividades de exploración y explotación, tanto mediante inversión pública, a través de YPFB, como mediante inversión privada de las empresas socias, a través de la implementación del Plan de Reactivación del Upstream (PRU)”.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar el proyecto de Ley 767 para generar condiciones de captar mayores inversiones en exploración y explotación hidrocarburífera.
La entidad empresarial considera que esta medida es crucial para abordar el problema estructural de la disminución de la producción de carburantes en el país, afectando a diversos sectores productivos.
“El proyecto representa una respuesta estructural al problema de producción y puede mejorar significativamente el panorama energético del país”, afirmó la CEPB en un comunicado.
Según información del Ministerio de Hidrocarburos, el Proyecto de Ley de Modificación tiene “como objetivo reactivar la inversión en actividades de exploración y explotación, tanto mediante inversión pública, a través de YPFB, como mediante inversión privada de las empresas socias, a través de la implementación del Plan de Reactivación del Upstream (PRU)”.
Asimismo, con esta iniciativa, “se busca establecer un marco contractual más ágil y eficiente para la aprobación de nuevos contratos de exploración y explotación, reduciendo significativamente los tiempos de espera y la burocracia que, anteriormente, retrasaban la ejecución de proyectos”, señala una nota informativa de la cartera de Hidrocarburos.
Por otro lado, la Confederación destacó la promulgación del Decreto Supremo 5271, que amplía los alcances del Decreto Supremo 5218, permitiendo la libre importación de combustibles por parte del sector privado. Con la nueva norma, se permite a los privados poder comercializar el diésel o gasolina importados.
“La coordinación entre el Gobierno y los sectores empresariales para generar reglamentos claros y competitivos, libres de trabas innecesarias, es un avance positivo”, afirmó la CEPB.
Asimismo, alentaron a mantener el subsidio a combustibles para sectores clave como el transporte, asegurando que estas políticas beneficien a toda la población.