El Gobierno de Bolivia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) actuaron al margen de la ley al vetar de forma parcial las elecciones judiciales y pusieron en riesgo futuros procesos electorales al desconocer el principio de preclusión.

La postura la fijó el embajador permanente de Bolivia en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, durante la audiencia pública de la CIDH sobre la situación de la institucionalidad democrática e independencia judicial en Bolivia.

“El Estado aprovecha esta oportunidad para denunciar ante la comunidad interamericana y la comunidad internacional que la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, hace unos días, ha dictado la Sentencia Constitucional 0770/2024, mediante la cual, actuando al margen de la ley y más allá de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado, ha determinado que la elección judicial sea declarada desierta en dos departamentos para el Tribunal Supremo de Justicia y cinco departamentos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo cual afecta gravemente a la elección judicial en curso”, afirmó.

El auto constitucional declaró desiertas las convocatorias realizadas por la Asamblea Legislativa a magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando; y para el Tribunal Constitucional Plurinacional en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Frente a la determinación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reunió el lunes, en el Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, a los líderes y representantes de los partidos políticos y alianzas con personalidad jurídica vigente en el ámbito nacional, representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, además de diplomáticos del cuerpo diplomático y de organismos internacionales, para asumir una postura conjunta.

Todos, de forma unánime, reafirmaron su respaldo al ente electoral para la realización de las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre, y rechazaron la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En el marco del encuentro, el vicepresidente David Choquehuanca, el representante del Órgano Ejecutivo, los presidentes de la Cámara de Senadore, Andrónico Rodríguez, y de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y los representantes de las organizaciones políticas expresaron su “respaldo pleno al Tribunal Supremo Electoral en todas las acciones que se ejecuten para garantizar las elecciones judiciales de forma íntegra a realizarse el 15 de diciembre de 2024”.

A fin de blindar las elecciones judiciales en las condiciones, alcances y plazos previstos, los asistentes ratificaron “la plena vigencia” de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales de 2024.

Durante su intervención en la CIDH, el embajador Arce objetó la sentencia del Sala Cuarta del TCP y aseguró que es “absolutamente difícil, casi imposible que se pueda llevar una elección judicial parcialmente en algunos departamentos”.

“¿Qué pasaría con los otros departamentos? ¿Cuándo se llevaría adelante esa elección faltante? ¿Los prorrogaríamos a los que están por seis años? Imposible. Esto viola toda norma convencional y todo principio de estándar interamericano”, argumentó.

En consecuencia, afirmó que el TCP se ha “extralimitado en sus poderes” porque ha “declarado la inaplicabilidad de normas mediante una acción de amparo, y esa situación no corresponde en un sistema de control concentrado de constitucionalidad como vivimos en Bolivia, no corresponde dentro de los estándares interamericanos, obviamente, de los procesos electorales incluso”.

“En Bolivia se tiene que respetar, por supuesto, como en cualquier parte del mundo, el principio de preclusión electoral, sino vamos a poner en riesgo otros procesos electorales, no se puede abrir una puerta a una discrecionalidad de esa naturaleza”, alertó.

En 2025, se debe realizar las elecciones generales para elegir al presidente y renovar a los diputados y senadores.