Elecciones judiciales
César Sánchez
11/11/2024 - 21:27

Procuraduría invoca a órganos del Estado a contribuir en la realización de las judiciales el 15 de diciembre

“La Procuraduría General del Estado, en el marco de la Constitución Política del Estado, que establece que las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura deben ser elegidas mediante sufragio universal, invoca a los Órganos de Poder a asegurar la independencia y transparencia en la justicia, con la realización de las elecciones judiciales previstas para el 15 de diciembre próximo”, refiere la institución en un comunicado.

Las Elecciones Judiciales deben realizarse el 15 de diciembre.

La Procuraduría General del Estado invocó este lunes a los órganos del Estado a contribuir a realizar las elecciones judiciales el 15 de diciembre y advirtió que la posibilidad de no realizarla no solo debilitaría el sistema de justicia y su independencia, sino involucrará “un perjuicio económico de gran magnitud al Estado”.

“La Procuraduría General del Estado, en el marco de la Constitución Política del Estado, que establece que las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura deben ser elegidas mediante sufragio universal, invoca a los Órganos de Poder a asegurar la independencia y transparencia en la justicia, con la realización de las elecciones judiciales previstas para el 15 de diciembre próximo”, refiere la Procuraduría en un comunicado.

Advirtió que “la falta de elecciones de dichos Altos Tribunales debilitaría el sistema de justicia del país, su independencia, involucrando un perjuicio económico de gran magnitud al Estado boliviano”.

La Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dictó el 4 de noviembre la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-S4 que declaró desierta la convocatoria a magistradas y magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando; y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

El dictamen se conoció a poco más de un mes de la celebración de las elecciones judiciales, donde, además de los magistrados del TSJ y del TCP se deben elegir a los magistrados del Tribunal Agroambiental y a los consejeros del Consejo de la Magistratura.

Para dar una respuesta unánime a esta decisión del TCP, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reunió este lunes a los líderes y representantes de los partidos políticos y alianzas con personalidad jurídica vigente en el ámbito nacional, representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, además de miembros del cuerpo diplomático y de organismos internacionales, en el Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia.

Los asistentes, de forma unánime, respaldaron al ente electoral para realizar las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre, y rechazaron la sentencia 0770/2024-S4 del Tribunal Constitucional Plurinacional.

A fin de blindar las elecciones judiciales y las condiciones, alcance y plazo previstos se ratificó la plena vigencia de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales de 2024.

En cumplimiento de los acuerdos, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó que este martes se realizará una reunión de sala plena para definir la continuidad del proceso electoral.

La PGE recordó que la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó que la realización de las elecciones judiciales es esencial para asegurar la imparcialidad y la autonomía de la justicia en Bolivia.

“En ese sentido, dicho Órgano de Tratado advirtió que la falta de elecciones judiciales, no solo afecta la independencia judicial, sino que implica una violación a los derechos colectivos de la población”, advirtió.

También refirió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatizó que “la independencia de los poderes como un pilar esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa, manifestando su preocupación respecto a la demora excesiva en la designación de personas operadoras de justicia de las más altas instancias e instando al Estado a la celebración pacífica de las elecciones de autoridades judiciales”.

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