La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado este viernes referido al conflicto que se vive en el país marcado por las medidas de presión ejercidas por el evismo y aseveró que “los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta”.

En el texto, la CIDH alerta que la conflictividad existente en Bolivia pueden derivar en “impactos a los derechos humanos y la gobernabilidad” en el país y llama al Estado a respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de protestas, y fortalecer los espacios democráticos para la resolución de las controversias a través del diálogo.

En ese sentido, la CIDH reconoce que el evismo inició sus protestas en septiembre con el objetivo de lograr el reconocimiento al “liderazgo” de Evo Morales y afirma que las medidas se intensificaron, con un bloqueo de carreteras, después de que se supiera que el dirigente cocalero es investigado por la Fiscalía por “posibles casos de abuso sexual, trata y tráfico de niñas”.

“Los bloqueos han dificultado el tránsito de ambulancias; productos alimenticios básicos como arroz y harina, así como el acceso a servicios médicos y suministros esenciales, incluyendo cisternas de combustible. Según información del Estado, las personas que participaron en los bloqueos portarían explosivos y armas caseras. Ante la conflictividad social, el Tribunal Supremo Electoral postergó la elección de autoridades judiciales para el día 15 de diciembre”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, la CIDH relata que “los puntos de bloqueo han sido escenario de enfrentamientos violentos. Según informes oficiales, el 25 de octubre, se registró un enfrentamiento entre manifestantes y policías, en Parotani, con un registro de 28 personas heridas, entre ellas 21 efectivos policiales. En esa misma localidad, se registró otro enfrentamiento el 1 de noviembre, con al menos 39 personas heridas, entre ellas 34 efectivos policiales. Asimismo, el 29 de octubre, se registraron enfrentamientos; retención, violencia y amenazas contra agentes policiales y periodistas que realizaban cobertura informativa en Mairana, Santa Cruz. El Estado registró 44 personas heridas, entre ellas 42 efectivos policiales. El 1 de noviembre, personas tomaron dependencias militares en Villa Tunari, reteniendo ilegalmente a personal militar. El 3 de noviembre, en Capinota, Cochabamba, el Estado registró el secuestro de 2 agentes policiales”.

Asimismo, señala que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió denuncias de al menos 30 agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa que cubrían los hechos, tanto de medios públicos como privados.

Las agresiones, detalla, incluyen retenciones, ataques físicos, robo y destrucción de equipos, amenazas y restricciones a la cobertura periodística, así como señalamientos estigmatizantes que buscarían deslegitimar su labor. “De acuerdo con información pública, la mayoría de estas agresiones habrían sido cometidas por particulares involucrados en los bloqueos”, afirmó.

La CIDH, en ese sentido, asevera que los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta” y llama al Estado no solo a garantizar el trabajo de la prensa, sino también “investigar y sancionar cualquier acto de violencia que amenace su integridad, ya sea por agentes públicos o particulares”.

“La CIDH y la REDESCA destacan la importancia de que las personas manifestantes que acudan a modalidades como bloqueos no pongan en riesgo la vida de las demás personas y permitan la circulación de insumos, servicios y provisiones esenciales”, añade.

La Comisión, en ese sentido, llama al Estado a agotar todas las posibilidades para viabilizar el diálogo como la manera de superar la conflictividad en el país.

“Es primordial que altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos que se pronuncian sobre los hechos en cuestión contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la deliberación publica, abierta y plural. En todo momento, debe preservarse la institucionalidad y garantizarse la continuidad de los procesos democráticos en curso, incluyendo las elecciones de autoridades judiciales”, afirma.

Finalmente, la CIDH expresó su preocupación ante la agudización de la conflictividad social en el país.

Alerta que en el pasado reciente,” en este tipo de contextos se han registrado graves violaciones a derechos humanos en Bolivia”.

“El Estado debe observar sus obligaciones internacionales para prevenir la repetición de hechos del pasado. Asimismo, debe redoblar sus esfuerzos dirigidos a generar espacios de diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana, en toda su pluralidad, con la participación de todos los sectores dentro del espectro político”, señala.

Eso sí, reconoce que el Gobierno realizó “al menos 7 convocatorias públicas para el diálogo” al evismo, aunque sin respuesta.

“Los liderazgos políticos deben asumir el diálogo como vía para salir de la conflictividad; evitar el ahondamiento de la polarización, y contribuir a la gobernabilidad democrática. La CIDH reitera que continuará observando la situación y acompañará la implementación de las recomendaciones de su informe país, que incluye lineamientos prácticos para reducir los efectos de la polarización política”, finaliza la Comisión.

Seguidores de Evo Morales iniciaron un bloqueo de caminos desde el 14 de octubre, después de que se confirmara que la Fiscalía inició una nueva investigación en contra del expresidente Morales por presunto estupro y trata de personas, aunque también hablaron abiertamente de buscar la renuncia del presidente Luis Arce.

El bloqueo del evismo, sin embargo, se caracterizó por la violencia contra la Policía, los trabajadores de salud y hasta la prensa y ocasionó un daño económico de más de 2 mil millones de dólares al país.

Además, en medio de la medida, los evistas tomaron cuartales del ejército y hasta retuvieron a militares, lo que es investigado por la Fiscalía por delitos como alzamiento armado, entre otros.

En respuesta, el Gobierno inició operativos policiales, con apoyo de los militares, para desbloquear las rutas y los movilizados decidieron dar un cuarto intermedio a sus medidas de presión, aunque ya amenazaron con volver a paralizar el país.