Quintana se declara un “perseguido político” y no descarta acudir a la CIDH
Ayer, miércoles, se conoció que la Procuraduría General del Estado solicitó formalmente a la Fiscalía que se emitan las órdenes de aprehensión en contra Juan Ramón Quintana y los dirigentes evistas Ponciano Santos y Humberto Claros, todos acusados por los delitos de Asociación Delictuosa, Instigación Pública a Delinquir y Terrorismo por los 24 días de bloqueo evista.
Juan Ramón Quintana, quien fuera ministro de la presidencia durante el Gobierno de Evo Morales, se declaró “perseguido político” debido a los procesos que se le busca iniciar por los 24 días de bloqueo evista.
Entrevistado por la radio Wawsachun Coca, Quintana reprochó que el Gobierno haya dispuesto operativos policiales y militares para desbloquear las carreteras y señaló que la administración de Arce “ha pedido todo lo bueno”.
“Estamos en un régimen en el que el gobierno ha perdido, prácticamente, todo bueno, entonces, hoy soy un perseguido político del régimen arcista”, afirmó Quintana.
A decir del exministro, el Gobierno del presidente Luis Arce asumió la lógica de destruir al adversario político.
“Este es un Gobierno que ha asumido la lógica de guerra, es decir, la lógica de destruir al adversario político, de aniquilar al adversario político, de exterminar al adversario político”, afirmó.
Ayer, miércoles, se conoció que la Procuraduría General del Estado solicitó formalmente a la Fiscalía que se emitan las órdenes de aprehensión en contra Juan Ramón Quintana y los dirigentes evistas Ponciano Santos y Humberto Claros, todos acusados por los delitos de Asociación Delictuosa, Instigación Pública a Delinquir y Terrorismo.
La solicitud de la Procuraduría se da a raíz de que Quintana, Santos y Claros no acudieron a declarar ante la Fiscalía por las investigaciones por delitos ocurridos por los bloqueos realizados en defensa de Evo Morales.
“Los antecedentes de la investigación indica que se habría organizado y alentado a realizar bloqueos y protestas violentas, incluyendo llamados públicos a la toma de acciones específicas contra el orden público, tales como bloquear vías de tránsito estratégicas y la toma de rehenes en instalaciones de las Fuerzas Armadas. Estas actividades impactan negativamente en la economía de la población, los derechos humanos y van en contra de los intereses del Estado”, informó la Procuraduría a través de un comunicado oficial.
En el inicio del bloqueo evista, el 14 de octubre, y se alargó hasta el 6 de noviembre, Quintana había advertido que la extrema medida busca alimentarse de de sangre para lograr la “defunción del poder”.
“Desafortunadamente, (los bloqueos) se alimentan a través de la sangre. Cuando hay compañeros que son golpeados, heridos o asesinados, el bloqueo termina siendo, prácticamente, el rito de defunción del poder”, había alertado el exministro.