El ministro de Justicia, César Siles, afirmó que un amparo no puede paralizar las elecciones judiciales, programadas a realizarse el próximo 1 de diciembre.

“Entendemos que rige el principio de preclusión, lo que implica que los actos previos a la conclusión del periodo de calificación y habilitación ya cumplieron su finalidad, consecuentemente, ningún amparo constitucional debería parar las elecciones judiciales”, afirmó la autoridad.

Y acotó que “No solo aplica principio de preclusión, sino que implica los gastos en los que ha incurrido el Órgano Electoral y propio Tesoro General del Estado, que no van a poder ser reparados después, así que no creo, bajo ninguna circunstancia, que ese amparo proceda”.

Siles se refirió al amprado presentado en Beni por uno de los postulantes inhabilitados de cara a las elecciones judiciales. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, alertó este lunes que había el riesgo que los comicios sean paralizados por la justicia.

El Ministro de Justicia, sin embargo, aseveró que ningún amparo puede frenar las elecciones judiciales.

“Ningún amparo debería parar las elecciones judiciales. El gobierno ha manifestado su plena predisposición y, además en el marco de sus competencias, ha realizado las acciones a su alcance para que las Elecciones Judiciales se realicen el 1 de diciembre”, dijo.

Ayer, domingo,  el Vicepresidente del TSE pidió a una Sala Constitucional del Beni que no paralice las elecciones judiciales, previstas para el próximo 1 de diciembre, y advirtió que tal accionar “sería nefasto para la democracia”.

“Exhortamos a los vocales de la Sala Constitucional del Beni a precautelar el derecho constitucional que tienen tod@s l@s bolivian@s de elegir a las autoridades del Órgano Judicial y el TCP mediante el voto. La paralización del proceso electoral sería nefasto para la democracia”, señaló Vargas a través de su cuenta en la red social ‘X'.

Vargas, en ese sentido, recordó que La Ley 026 prohíbe la obstaculización de los procesos electorales, por cualquier medio que impida su desarrollo.

“Además que se causaría daño económico al Estado por que ya se erogaron gastos para la organización de las elecciones judiciales”, acotó.

El amparo fue presentado por Hugo Vargas, quien objeta su inhabilitación como postulante a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por Beni, y en su amparo exige al TSE devuelva las listas de candidatos seleccionados a la Asamblea Legislativa (ALP).

Entre sus argumentos refiere que obtuvo 150 puntos, por encima de los 130 requeridos para llegar a la sesión de la Asamblea Legislativa, pero que no fue incluido en la lista de preseleccionados y que en su lugar se incluyó a otro aspirante por su autoidentificación indígena.