La fiscal departamental de La Paz en suplencia legal, Rosario Venegas, informó hoy que una vez se conozca el documento íntegro de sentencia del Caso Gases Lacrimógenos, el Ministerio Público presentará la apelación a la determinación impuesta por el Tribunal 6° de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, en contra de los exministros de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, y de Defensa, Luis Fernando López, además de otros cuatro involucrados, tomando en cuenta que se demostró su culpabilidad en delitos de Corrupción Pública.

El pasado viernes, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción y Violencia de la Mujer de La Paz sentenció a Arturo Murillo y Fernando López, exministros de Gobierno y Defensa en la gestión de Jeanine Añez, respectivamente, a ocho años de cárcel por el caso ‘gases lacrimógenos’. Ambos fueron juzgados en rebeldía, al no estar en el país.

Murillo fue sentenciado acusado por Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones y López por e delito de Contratos Lesivos al Estado.

Junto a los exministros, también fueron sentenciados Sergio Zamora Bascopé, exdirector administrativo del Ministerio de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez, y el empresario Bryan Berkman. El primero fue condenado a tres años de cárcel y el segundo a siete, ambos en la cárcel de San Pedro.

“Durante la investigación se obtuvieron pruebas contundentes que se encuentran registrados en el Ecosistema Justicia Libre, que demuestran la participación de los implicados en este caso, en ese marco la Fiscalía solicitó la pena máxima que es 10 años para cada acusado por delitos de corrupción, pero los miembros del Tribunal determinaron la condena de 3, 7 y 8 años, por ello, vamos presentar el recurso de apelación cuando seamos legalmente notificados con esa sentencia”, dijo Venegas.

De acuerdo a los antecedentes, la investigación de este caso se inició por el proceso irregular de contratación directa de adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana en la gestión 2019, hecho que causó un daño económico al Estado de más de 16 millones de bolivianos.