El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, informó este viernes que la justicia sentenció a exautoridades implicadas en el denominado ‘caso gases lacrimógenos’.

Se trata de Arturo Murillo y Fernando López,  exministros de Gobierno y Defensa de la gestión de Jeanine Añez, respectivamente. Ambos fueron juzgados en rebeldía, al no estar en el país.

A través de su cuenta en la red social ‘X’, Del Castillo detalló que Murillo fue sentenciado a 8 años de cárcel que deberá cumplir en el penal de San Pedro por negociaciones incompatibles con la ley.

Entretanto, López fue sentenciado a 8 años de cárcel en el penal de San Pedro por el delito de por incumplimiento de deberes.

Murillo, cabe recordar, cumple sentencia en una cárcel de Estados Unuidos acusado de lavado de dinero, caso referido, precisamente, al de la compra de gases lacrimógenos y otros con un millonario sobreprecio.

López, por su parte, huyó del país el 2020 y en las últimas horas afirmó que estaría dispuesto a regresar a Bolivia si se garantiza que pueda defenderse el libertad.

Junto a los exministros, también fueron sentenciados Sergio Zamora Bascopé, exdirector administrativo del Ministerio de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez, y el empresario Bryan Berkman. El primero fue condenado a tres años de cárcel y el segundo a siete, ambos en la cárcel de San Pedro.

“Sepa todo el país que quien incurra en delitos debe responder ante la justicia, sea quien sea”, aseveró el Ministro de Gobierno.

La información también fue confirmada por el Ministerio de Justicia, a través de un comunicado.

Según los antecedentes de la investigación, el caso Gases Lacrimógenos de Ecuador se refiere a hechos ocurridos el 15 de noviembre de 2019, pocos días después de que Jeanine Añez asumiera la presidencia del Estado, tras la renuncia “forzada” de Evo Morales.

Según la investigación de la Fiscalía, ese día se llevó adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación con el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar a Ecuador los préstamos de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.

Inmediatamente, partió de Bolivia un avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.

Días más tarde, se produjeron las intervenciones policiales y militares en Senkata y Sacaba ante protestas que rechazaban la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Los hechos fueron, luego, calificados como “masacres”.

De acuerdo con las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador.

El fiscal Bladimir Bolívar informó que durante la investigación se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo, de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia. Además, dijo que está la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, lo que hace presumir la participación de los acusados en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), como préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de 2019.