La Procuraduría General del Estado le recordó al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, que convenios internacionales establecen que los delitos sexuales contra menores deben ser investigados de oficio y protegiendo a la víctima, tras la revelación de un caso en el que está involucrado Evo Morales.

“Exhorta a la máxima autoridad del Ministerio Público a tomar en cuenta que los artículos 1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 7(b) de la Convención de Belém do Pará (…) establecen que los casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes generan la obligación estatal reforzada de debida diligencia que se traduce en una investigación ex officio con medidas de protección a la víctima, antes y durante el desarrollo de las investigaciones del proceso penal”, recordó en un comunicado.

El 2 de octubre se reveló la existencia de una orden de aprehensión contra Morales por la denuncia de estupro y trata y tráfico de personas. La exfiscal Departamental de Tarija Sandra Gutiérrez informó de la orden, poco después revocada por un fallo judicial en Santa Cruz, y reveló que el fiscal General Juan Lanchipa le ordenó no indagar sobre el caso.

Lanchipa negó la versión de Gutiérrez e informó de la formación de una comisión para indagar la denuncia. Este viernes la comisión declaró en reserva la investigación sobre la denuncia contra Morales de haber mantenido una relación en 2015 con una menor de 15 años, de la que nació una niña. Entre las pruebas fiscales están el certificado de nacimiento.

La Procuraduría remarcó que la Constitución Política del Estado (CPE) determina el deber del Estado de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia personal especializada.

“El cumplimiento de estos parámetros y del estándar de la no revictimización en una investigación celera y objetiva, evitará una posible denuncia internacional contra el Estado boliviano ante los Sistemas Interamericano y Universal de Protección de los Derechos Humanos”, enfatizó en el comunicado.

Morales evitó responder si es verídica la denuncia y recordó que en 2020 ya se indagó sobre este caso, y la Fiscalía lo archivó.