En una nueva audiencia del juicio por la denominada ‘masacre de Senkata’, la expresidenta Jeanine Añez hizo eco de las últimas declaraciones del exministro Iván Lima sobre el caso  y pidió poner fin al proceso; sin embargo, el juez David Kasa rechazó la propuesta al considerar que las declaraciones de personas ajenas al proceso no son vinculantes.

El fin de semana, el exministro de Justicia, Iván Lima, presagió que el caso por la masacre de Senkata terminará de dirimirse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido, dijo, al “capricho” de Evo Morales de que Añez sea juzgada en la vía ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades.

Añez, en su audiencia de este martes, desde el penal de Miraflores, donde cumple detención preventiva, hizo eco de las declaraciones y  pidió poner “punto final” al proceso que calificó como una “tortura”.

“Quiero plantearles a ustedes que pongan punto final a esta tortura confesada por el exministro Iván Lima. Él ha confesado que estas audiencias inhumanas que son de doce horas, a veces más de doce horas diarias, son por presión de Evo Morales. Él ha confesado que 18 ciudadanos somos acusados por capricho y sometidos a un proceso ilegal”, dijo Áñez en audiencia, según informó La Razón.

La expresidenta interpretó que lo expresado por Lima es un delante de que el juicio quedará nulo.

No obstante, el juez Kasa también indicó que las declaraciones de terceras personas que no son parte de este proceso “no son vinculantes”, ya que éstas son libres de poder expresar “lo que les parezca”.

“Por esa razón no es posible que este tribunal pueda aplicar estas circunstancias”, dijo.

El 19 de noviembre de 2019 se registraron hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos y 31 heridos tras un operativo policial- militar. Cuatro días antes, se registró la masacre en Sacaba, Cochabamba.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en la crisis política de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.

Por estos hechos, Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusados por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.

De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.

Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos, por lo que, se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años en contra de los acusados.

Entre los acusados están: Jeanine Áñez, Carlos Arturo Murillo, Luis Fernando López Julio, Víctor Hugo Zamora Castedo, Luis Fernando Valverde Ferrufino, Sergio Carlos Orellana Centellas, Pablo Arturo Guerra Camacho, entre otros.

// Con información de La Razón