Después de que el exministro de Justicia, Iván Lima, adelantara que el caso por la denominada ‘masacre de Senkata’ terminará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  por el “capricho” de Evo Morales de juzgar a la expresidenta Jeanine Añez en la vía ordinaria, los alcaldes de La Paz y El Alto, Iván Arias y Eva Copa, respectivamente, salieron al frente para pedir justicia para las víctimas y hasta reencauzar el proceso.

Lima, el fin de semana, afirmó que Añez debería haber sido enjuiciada a través de un juicio de responsabilidades; sin embargo, ese camino fue rechazado por Morales, quien insistió que sea procesada en la vía ordinaria.

"El juicio de Sacaba sigue bloqueado por estos problemas procesales, debido al capricho de Morales de que debe ser un juicio ordinario. Este tema terminará en la Comisión Interamericana y, eventualmente, en la Corte Interamericana, donde se definirá la situación", manifestó Lima.

Al respecto, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa,  afirmó que respeta las distintas apreciaciones sobre el cargo; sin embargo, recalcó que lo importante es que haya justicia para las víctimas.

“Cada uno tiene su apreciación. Lo que nosotros no vamos a cambiar respecto a este tema es que debe haber justicia para los fallecidos en Senkata. El hecho de que se firme un decreto, una carta blanca para que los militares hagan lo que han hecho en ese momento, tiene que ser sancionado”, aseguró.

Afirmó que serán los juristas y el Gobierno quienes definan los mecanismos para procesar a los responsables de la ‘masacre’; sin embargo, recalcó se debe buscar justicia.

“Ellos tienen que ver los mecanismos, yo respeto el criterio de cada persona, pero nosotros lo que buscamos es justicia. Hay que verlo, o no, yo creo que se evaluará. Lo que no puede claudicar es la justicia respecto a ese tema”, dijo.

Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, destacó lo expresado por el exministro de Justicia y pidió reencauzar el proceso.

“En vez de atacar al doctor Lima, lo que se debería hacer es reencauzar el proceso hacia su vertiente original. Ojalá sea así", afirmó.

El 19 de noviembre de 2019 se registraron hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos y 31 heridos tras un operativo policial- militar. Cuatro días antes, se registró la masacre en Sacaba, Cochabamba.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en la crisis política de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.

Por estos hechos, Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusados por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.

De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.

Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos, por lo que, se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años en contra de los acusados.

Entre los acusados están: Jeanine Áñez, Carlos Arturo Murillo, Luis Fernando López Julio, Víctor Hugo Zamora Castedo, Luis Fernando Valverde Ferrufino, Sergio Carlos Orellana Centellas, Pablo Arturo Guerra Camacho, entre otros.