El exministro de Justicia, Iván Lima, presagió que el caso por la denominada ‘masacre de Senkata’ terminará de dirimirse en instancias internacionales, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH).

Entrevistado por Erbol, Lima afirmó que si el caso era juzgado a través de un juicio de responsabilidades, que debía ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), tendría un mayor avance.

Sin embargo, afirmó que fue por el “capricho” de Evo Morales y sus seguidores que el caso pasó a la justicia ordinaria y derivó en que el proceso ya se haya alargado por cuatro años y recién haya iniciado el juicio.

"El juicio de Sacaba sigue bloqueado por estos problemas procesales, debido al capricho de Morales de que debe ser un juicio ordinario. Este tema terminará en la Comisión Interamericana y, eventualmente, en la Corte Interamericana, donde se definirá la situación", manifestó Lima.

El exministro señaló que Evo Morales es el principal responsable de que el caso haya sido llevado a juicio ordinario, cuando, dijo se tenía los 2/3 para que Añez sea llevada a un juicio de responsabilidades.

Además, destacó que el proceso por la masacre de Senkata, que actualmente se desarrolla en El Alto, debería garantizar la presencia de Jeanine Añez, así como de los exministros, militares y policías, en el marco de un debido proceso que concluya con una sentencia justa.

Sin embargo, el juicio se hace sin la presencia de exministros como Arturo Murillo y Fernando López, dos de los principales acusados por la masacre de Senkata.

El 19 de noviembre de 2019 se registraron hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos y 31 heridos tras un operativo policial- militar. Cuatro días antes, se registró la masacre en Sacaba, Cochabamba.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en la crisis política de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.

Por estos hechos, Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusados por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.

De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.

Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos, por lo que, se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años en contra de los acusados.

Entre los acusados están: Jeanine Áñez, Carlos Arturo Murillo, Luis Fernando López Julio, Víctor Hugo Zamora Castedo, Luis Fernando Valverde Ferrufino, Sergio Carlos Orellana Centellas, Pablo Arturo Guerra Camacho, entre otros.