A instancia de la Defensoría del Pueblo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia concedió tres medidas cautelares para resguardar a animales, pueblos indígenas desplazados y al pueblo indígena Ayoreo, que se encuentra en situación de aislamiento voluntario y se desconoce el grado de afectación que sufrió a causa de los incendios forestales.

Asimismo, reprogramó para el martes 1 de octubre la continuación de la audiencia donde se dirimirá el tema de fondo de la Acción Popular por los incendios forestales.

El profesional de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Adrián Zárate, explicó que dichas medidas cautelares obligan al Estado a garantizar la salud y alimentación para los pueblos indígenas que tuvieron que dejar sus comunidades y están desplazados, debido a los incendios.

La segunda medida cautelar tiene que ver con los animales rescatados y establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Salud y las gobernaciones accionadas de Santa Cruz, Beni y Pando deben prestar salud y alimentación.

La tercera medida cautelar, se refiere al pueblo indígena Ayoreo, que se encuentra en situación de aislamiento voluntario y se desconoce con certeza el grado de afectación que sufrieron por los incendios. La Sala Constitucional Segunda dispuso que la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO), en coordinación con el MMAyA y las gobernaciones accionadas deben tomar contacto con la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) para que evalúen la situación del pueblo Ayoreo y asuman medidas para que la integralidad de los indígenas ayoreos no sea vulnerada.

La audiencia fijada para hoy, se reprogramó porque seis municipios accionados no fueron notificados oportunamente: San José de Chiquitos, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Ignacio de Velasco; además, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas solicitó que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Viceministerio de Defensa Civil sean considerados como terceros interesados.

La cuarta medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo pedía que el Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (CONARADE) se reúna para que evalúe la declaración de desastre nacional, pero este pedido no prosperó ante la justicia.