El capitán Marco Caviares, ayudante del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, se sometió a un proceso abreviado y es el primer sentenciado por la “intentona golpista” ocurrida el pasado 26 de junio.

El militar, que se encuentra detenido en el penal de San Pedro, se acogió al proceso abreviado y decidió aceptar la comisión del delito de Alzamientos Armados contra la Seguridad del Estado, en grado de complicidad, a cambio de una condena reducida que le permitirá salir de presión.

Así, en audiencia de este viernes, el juzgado determinó una sentencia de tres años de privación de libertad, con la cual el capitán Caviedes podrá recibir el beneficio de suspensión condicional de la pena.

Eusebio Vera, defensa de Caviares, informó a Erbol que se emitió el mandamiento de libertad para su defendido y estima que se ejecutará la próxima semana tras cumplir los trámites.

Según el jurista, el día de la “intentona golpista”, Caviares no tenía conocimiento de los planes ejecutados por Zúñiga y se limitó a asistirle “llevando su maletín”.

Justificó que su defendido, al tener 35 años, no debería estar detenido, más aún cuando está a cargo de sus hijas y sus padres de la tercera edad.

El 26 de junio, Juan José Zúñiga movilizó a un grupo de militares encapuchados con quienes tomó la plaza Murillo con tanquetas y efectivos con armas de grueso calibre.

En uno de esos blindados estaba Zúñiga, que un día antes fue informado de su relevo, además de Juan Arnez, de la Armada Boliviana, y Marcelo Zegarra, de la Fuerza Aérea Boliviana; sin embargo, este último “había hecho conocer que no estaba de acuerdo” con este accionar, según las investigaciones de la Fiscalía.

El Gobierno afirma que lo ocurrido el 26 de junio fue un fallido intento de Golpe de Estado. Ese día, de hecho, Zúñiga habló de que el Ejército buscaba “recuperar la patria” y habló de formar un nuevo gabinete.

Según las investigaciones incluso tenía preparado un discurso para asumir la presidencia del Estado.

Tras un careo con el excomandante del Ejército, el presidente Luis Arce optó por posesionar a un nuevo alto mando militar, mismo que ordenó el repliegue de las unidades a sus cuarteles, con lo que finalizó los momentos de tensión en el centro político del país.

Al respecto, la Procuraduría informó el martes que el Ministerio Público imputó a 27 personas por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros, relacionados con los hechos ocurrido el 26 de junio.