En el inicio del juicio oral por la denominada ‘Masacre de Senkata’, el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto habría determinado devolver los expedientes acusatorios presentados por la Fiscalía para que éstos sean subasanados.

Jorge Valda, abogado de uno de los militares acusados por el caso que implica a 18 personas, entre ellos la expresidenta Jeanine Añez, señaló que la decisión de Tribunal se da a raíz de incidentes presentados por la defensa de los enjuiciados.

De acuerdo con Valda, las acusaciones particulares del Ministerio Público, Ministerio de Gobierno y Procuraduría General del Estado “no tendrían la fundamentación necesaria” para individualizar el grado de participación de cada uno de los implicados en el caso.

En ese sentido, dijo fueron anuladas las acusaciones y devueltas para su corrección.

“El caso Senkata se cae. Las acusaciones no tienen la fundamentación necesaria para individualizar el grado de participación de cada uno de los coacusados, no señalaron la relevancia y pertinencia de las pruebas que presentaron y se anulan las acusaciones del caso Senkata. Se devolvió los obrados y antecedentes al Ministerio Público, para que corrija sus groseras equivocaciones, cuando se pretende forzar la ley contra la Constitución Política del Estado”, aseveró Valda.

El abogado del coronel Miguel Santistevan publicó un video en sus redes sociales y explicó que la determinación fue asumida por el tribunal luego de 11 horas de debate, en la que los abogados de los 19 acusados y los acusadores expusieron sus argumentos.

El 19 de noviembre de 2019 se registraron hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos y 31 heridos tras un operativo policial- militar. Cuatro días antes, se registró la masacre en Sacaba, Cochabamba.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en la crisis política de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.

Por estos hechos, Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusados por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.

De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.

Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos, por lo que, se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años en contra de los acusados.

Entre los acusados están: Jeanine Áñez, Carlos Arturo Murillo, Luis Fernando López Julio, Víctor Hugo Zamora Castedo, Luis Fernando Valverde Ferrufino, Sergio Carlos Orellana Centellas, Pablo Arturo Guerra Camacho, entre otros.

// Con información de Erbol y Visión 360