Finalmente este miércoles se dio el inicio del juicio oral contra la expresidenta Jeanine y otras exautoridades gubernamentales, policiales y militares por la denominada ‘masacre de Senkata’, ocurrida en noviembre de 2019.

Sin embargo, Añez se hizo presente – vía virtual desde el penal de Miraflores- sin contar con un equipo jurídico de defensa y rechazó enfáticamente que el Servicio Público de Defensa a las Víctimas (Sepdavi) le proporcione unos abogados de oficio.

“Me parece hasta grosero que Sepdavi insista en una defensa pública cuando ellos son parte también de la acusación. Entonces ellos vienen aquí a ser juez y parte. No necesito a una persona que solo venga a cumplir formalidades, que no me defienda porque con seguridad de que ya también tiene otra instrucción”, indicó cuando el juez le dio el micrófono para hablar.

Asimismo, dejó en claro que ella no acepta a la defensa pública que se le proporcionó y sentenció que no se “desgastará” en un juicio sin el debido proceso que, aseguró, ya tiene definida su sentencia.

“Si yo supiera de que voy a estar frente a un proceso equilibrado, probo, donde se respeten mis derechos como ex Presidente, obviamente que en ese momento sí voy a tener una defensa” (sic), prosiguió.

Añadió que “mientras sea un proceso político, con instrucciones precisas de condenarme, para qué me voy a desgastar de esa manera. Prosigan nomás con todas las ilegalidades que ya tengo una condena anticipada, entonces todo lo que pueda hacer es inútil”.

Añez, por otro lado, también se refirió a los hechos del 2019, cuando, según la justicia, se autoproclamó como Presidenta del Estado tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales y afirmó que fue éste el responsable de toda la crisis política y social que vivió el país ese año, a causa de unas elecciones tildadas de “fraudulentas” y que terminaron siendo anuladas.

“El causante de todo lo sucedido en 2019 está volviendo a convulsionar el país y los inocentes estamos presos”, reclamó.

El inicio del juicio oral estaba previsto para el lunes a las 09:30, sin embargo, la Justicia lo suspendió debido a la ausencia de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, además de algunos exjefes militares y policiales que están acusados en ese caso.

El pasado lunes, precisamente, el ministro de Justicia ya expresó sus deseos respecto a que el proceso “se instale y la justicia repare el daño causado a las víctimas y a sus familias”.

“El dolor y el sufrimiento de estas personas no puede quedar impune”, acotó.

El 19 de noviembre de 2019 se registraron hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos y 31 heridos tras un operativo policial- militar. Cuatro días antes, se registró la masacre en Sacaba, Cochabamba.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en la crisis política de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.

Por estos hechos, Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusados por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.

De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.

Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos, por lo que, se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años en contra de los acusados.

Entre los acusados están: Jeanine Áñez, Carlos Arturo Murillo, Luis Fernando López Julio, Víctor Hugo Zamora Castedo, Luis Fernando Valverde Ferrufino, Sergio Carlos Orellana Centellas, Pablo Arturo Guerra Camacho, entre otros.