El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el inicio del juicio por la denominada ‘masacre de Senkata’ - contra la expresidenta Jeanine Añez y otras exautoridades gubernamentales, policiales y militares-, fue reprogramado para el próximo miércoles 4 de septiembre.

“El inicio del juicio contra Jeanine Añez, Arturo Murillo, Fernando López y 15 personas más por el “caso Senkata” se ha reprogramado para miércoles 4 de septiembre horas 9:30”, informó la autoridad.

Lima, en ese sentido, expresó su deseo para que el proceso “se instale y la justicia repare el daño causado a las víctimas y a sus familias”.

“El dolor y el sufrimiento de estas personas no puede quedar impune”, acotó.

Poco antes, Añez había reaccionado al inicio del juicio en su contra y calificó el proceso como un “show” y hasta un “circo”.

A decir de la expresidenta, el inicio del juicio en su contra es una acción del Gobierno para distraer la atención de los conflictos económicos y sociales.

“(…) Como ya nadie les cree nada y la crisis económica y de su régimen, necesita un chivo expiatorio, otra cortina de humo, sin importarles la Constitución ni la vida. Ahora hoy comienza el siguiente show: Dos juicios orales ilegales y simultáneos en mi contra. Dos patrañas más contra una ex Presidente secuestrada y en detención preventiva hace 1267 días” (sic), señaló Añez.

Y acotó: “Hagan lo que hagan, el circo ya no les alcanza para distraer a un pueblo convencido de que son lo peor que le pudo pasar a Bolivia”.

El 19 de noviembre de 2019 se registraron hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos y 31 heridos tras un operativo policial- militar. Cuatro días antes, se registró la masacre en Sacaba, Cochabamba.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en la crisis política de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.

Por estos hechos, Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusados por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.

De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.

Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos, por lo que, se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años en contra de los acusados.

Entre los acusados están: Jeanine Áñez, Carlos Arturo Murillo, Luis Fernando López Julio, Víctor Hugo Zamora Castedo, Luis Fernando Valverde Ferrufino, Sergio Carlos Orellana Centellas, Pablo Arturo Guerra Camacho, entre otros.