Este lunes debía desarrollarse el juicio contra la expresidenta Jeanine Añez y otras exautoridades gubernamentales, policiales y militares por la denominada ‘masacre de Senkata’, ocurrida en noviembre de 2019, y el ministro de Justicia, Iván Lima, expresó su confianza para que las familias de los afectados encuentren justicia.

El proceso, que fue postergado hasta el miércoles, está en manos del Tribunal 4º de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto. y Lima pidió a jueces y fiscales actuar en “apego a la Ley” para dar justicia a las víctimas de la ‘masacre’.

“Ayudar a que las víctimas de Senkata encuentren justicia debería ser una tarea de todos los bolivianos. Hoy, finalmente, tiene lugar la audiencia de apertura del juicio contra Jeanine Añez, Arturo Murillo y Fernando López, además de otras 15 personas, por el presunto delito de genocidio y esperamos que los jueces y fiscales que llevarán adelante este proceso actúen en apego estricto a la Ley y le den respuesta a estas personas, que aguardan pacientemente que sus casos sean escuchados y los culpables sean castigados”, señaló el Ministro de Justicia a través de su cuenta oficial en la red social ‘X’.

En la misma red social, Jeanine Añez también reaccionó al inicio del juicio en su contra y calificó el proceso como un “show” y hasta un “circo”.

A decir de Añez, el inicio del juicio en su contra es una acción del Gobierno para distraer la atención de los conflictos económicos y sociales.

“(…) Como ya nadie les cree nada y la crisis económica y de su régimen, necesita un chivo expiatorio, otra cortina de humo, sin importarles la Constitución ni la vida. Ahora hoy comienza el siguiente show: Dos juicios orales ilegales y simultáneos en mi contra. Dos patrañas más contra una ex Presidente secuestrada y en detención preventiva hace 1267 días” (sic), señaló Añez.

Y acotó: “Hagan lo que hagan, el circo ya no les alcanza para distraer a un pueblo convencido de que son lo peor que le pudo pasar a Bolivia”.

El 19 de noviembre de 2019 se registraron hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos y 31 heridos tras un operativo policial- militar. Cuatro días antes, se registró la masacre en Sacaba, Cochabamba.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en la crisis política de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.

Por estos hechos, Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusados por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.

De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.

Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos, por lo que, se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años en contra de los acusados.

Entre los acusados están: Jeanine Áñez, Carlos Arturo Murillo, Luis Fernando López Julio, Víctor Hugo Zamora Castedo, Luis Fernando Valverde Ferrufino, Sergio Carlos Orellana Centellas, Pablo Arturo Guerra Camacho, entre otros.