Para esta semana o la próxima, se espera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicte sentencia contra cuatro exautoridades involucradas en la firma de contratos petroleros sin la autorización del Órgano Legislativo entre 1993 y 2005 o caso “Petrocontratos”, informó el procurador general del Estado, César Siles.

El caso fue abierto en 2005 (hace 19 años) en contra de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge "Tuto" Quiroga y otros; sin embargo, Quiroga fue excluido del proceso debido a la amnistía que le fue otorgada por el expresidente Evo Morales, en 2018.

“El Tribunal Supremo de Justicia convocó a juicio el 2015, pero recién en esta semana, concretamente el lunes, pudo iniciarse formalmente el juicio” con la presentación de prueba documental y resolución de las objeciones o exclusiones probatorias, explicó.

Una vez termine esa fase, con resolución de impugnaciones o exclusiones probatorias, se entra a la fase testifical y a la prueba de la defensa, y, finalmente, a los alegatos y sentencia.

“Estamos aguardando con expectativa que la sentencia pueda dictarse en esta semana, de acuerdo al ritmo que está avanzando, a partir del día lunes, entendemos que es posible que se dicte en esta semana o la próxima”, afirmó.

Según las investigaciones, ninguno de los contratos se realizó con la supervisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) o el Congreso Nacional de ese entonces.

De 106 contratos, 52 se firmaron en la primera gestión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); 4 en la de Jorge Quiroga (2001-2002); y 1 en la de Carlos Mesa.

Sánchez de Lozada y sus exministros Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y Carlos Contreras del Solar están fuera de Bolivia, y son acusados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas, sin la autorización del Legislativo, como mandaban las normas.

De acuerdo con Siles, los cuatro procesados en rebeldía podrían recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión.

El procurador consideró que la sentencia podría coadyuvar en la extradición de Sánchez de Lozada que, desde 2003 se encuentra en los Estados Unidos, a donde huyó luego de la masacre de octubre de ese año con más de 60 muertos y cientos de heridos.

“Tenemos una solicitud de extradición por los casos de octubre negro, extradición que está pendiente en la Cancillería, tanto en Bolivia como en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque consideran que son delitos que no se tipifican como tales en el ordenamiento jurídico norteamericano.  Sin embargo, estos otros dos delitos, que son delitos de corrupción, conducta antieconómica podrían facilitar la extradición. En su momento, seguramente, se harán las solicitudes correspondientes, a través de Cancillería”, anticipó.

Además, la sentencia permitirá a la PGE iniciar la acción reparatoria civil en contra de estas exautoridades.